Alejandro Huergo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, cree que “se podría iniciar un procedimiento similar” para el peaje del Huerna al que existe contra la prórroga de la autopista gallega. Huergo, no obstante, apunta una vía que podría producirse si la UE considera contraria a derecho la prórroga del peaje de la autopista entre Asturias y León: la empresa adjudicataria actual también podría iniciar su reclamación: “Protestará y alegará protección de la confianza, ya que cuando se privatizó la ENA (Empresa Nacional de Autopistas), la actual propietaria compró esta concesión sabiendo que el peaje se cobraría hasta 2050”. Huergo señala que “en España ha sido frecuente prorrogar el contrato a cambio de alguna compensación por parte del contratista”, una opción que “a veces permite la legislación interna, pero no la europea, de modo que no se puede hacer”. El jurista recuerda que en su día se planteó esta prórroga para que la concesionaria construyera la prolongación a Benavente, “pero el Consejo de Estado no lo aceptó, y por eso el tramo Onzonilla-Benavente se construyó de forma independiente”.
En opinión de Huergo, la prórroga del peaje del Huerna que se aplicó por el gobierno de Aznar “fue muy poco transparente y no se hizo para compensar una rebaja del peaje”, porque la disminución de ingresos del concesionario Iba a compensarla la Administración. La razón hay que buscarla en el hecho de la empresa fuese pública entonces: “Tenía distintos contratos con el Estado, y en lugar de gestionar cada contrato por separado, compensaba unos contratos con otros, lo que da lugar a este resultado (se compensan más inversiones o menos peaje en ciertas zonas con prórroga en otras).
Huergo recalca que la intervención de la UE en el caso gallego no tiene que ver con si es o no justo el peaje, “sino que lo que le importa es que los contratos públicos no se adjudiquen a dedo, porque a la postre resultan más caros al no haber competencia”.
