Podemos Asturies formalizó hoy ante la Unión Europea (UE) una denuncia contra la ampliación del peaje de la autopista del Huerna hasta 2050, decidida en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos. El secretario general de la formación morada, Daniel Ripa, presentó la demanda en un acto simbólico en la Audiencia provincial de Oviedo junto con varios simpatizantes. Según Ripa, el peaje del Huerna es ilegal. “Es lo que llevamos diciendo varios años. Hay varios aspectos de las normativas europea y estatal que no fueron cumplidos cuando se amplió el peaje y, por lo tanto, este 17 de octubre (cuando estaba previsto inicialmente que concluyera la concesión) tendría que ser liberado y suprimido”.
Ripa advirtió que cada día que pase después de ese 17 de octubre, se va a producir “un daño patrimonial a los conductores, a los transportistas... que es injusto e ilegal. Y ante la dejación de las funciones del Gobierno asturiano, Podemos Asturies lo va a denunciar”, indicó. Podemos argumenta que el real decreto del 17 de marzo de 2000 por el que se amplió la concesión del peaje del Huerna “modifica sustancialmente el régimen jurídico de la concesión, al prorrogar el plazo de vencimiento por 29 años más, incumpliendo la obligación impuesta por la normativa comunitaria en materia de contratación, de someter el contrato a un nuevo anuncio o convocatoria pública”.
La formación morada destaca que la concesión se otorgó inicialmente por 46 años, hasta el 17 de octubre de este año, pero se aplicó hasta el máximo legal permitido, 75 años. “Esa prórroga fue acordada por el Consejo de Ministros de forma directa, sin someter el contrato a nueva licitación pública”, esgrime Podemos. “Tal modo de proceder vulnera, de forma abierta y manifiesta, la directiva europea sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, vigente a la fecha de aprobación del real decreto, que exigía a los poderes adjudicadores dar a conocer, mediante un anuncio público indicativo, las características de los contratos de concesión que pretendieran adjudicar”, añade.
Según Podemos, la omisión de este “requisito esencial” de la contratación pública impidió “el derecho a la libertad de establecimiento y su ejercicio, e hizo imposible la libre prestación de servicios”. Añade que la prórroga de la concesión por 29 años también vulnera presuntamente los principios que se contenían en el “Libro Verde de la Contratación Pública en la Unión Europea de 1996”, en el que se consideraba que era contrarias al derecho comunitario “la modificación sustancial del pliego de condiciones durante el procedimiento y la modificación de las condiciones de financiación, porque se trata de cambios sustanciales que exigen una nueva licitación”.
La denuncia de Podemos está en sintonía con la reciente decisión de la Comisión Europea (CE) de expedientar a España por la ampliación el peaje de la autopista del Atlántico (AP-9), en Galicia,que se realizó a la vez y en términos similares a la del Huerna.
