El Gobierno del Principado estudia la posibilidad de denunciar ante la Comisión Europea (CE) la prórroga del peaje del Huerna, decidida en el año 2000 por el Gobierno del PP. “Lo estamos analizando”, apuntó el presidente asturiano, Adrián Barbón, quien indicó que no sería “prudente para un gobierno serio” tomar una decisión antes de conocer toda la información referida al asunto de la CE, que acaba de abrir expediente a España por una prórroga idéntica, decidida en el mismo año, para el peaje de la autopista del Atlántico (AP-9), en Galicia.
“Entendemos que tenemos que estudiarlo, pero desde luego no descarto nada, absolutamente ninguna medida”, subrayó Barbón. Sobre la denuncia presentada por Podemos Asturias ante la CE por la presunta ilegalidad de la prórroga del peaje del Huerna, el jefe del Ejecutivo asturiano señaló: “Si el tiene buena acogida pues enhorabuena. Lo único que haremos será felicitarnos todos”, resaltó.
Barbón quiso “recordar a los asturianos” que, según las condiciones iniciales del contrato de concesión, el próximo 17 octubre debería finalizar el peaje del Huerna, “si no hubiera habido un gobierno (el de José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos) que decidió prorrogarlo hasta 2050. Yo espero, de verdad, que sea ilegal; porque así, asunto resuelto”, añadió.
Podemos formalizó el martes un recurso en Bruselas contra la ampliación del peaje del Huerna, al considerar que se modificó sustancialmente el régimen jurídico de la concesión, al prorrogar el plazo de vencimiento por 29 años más, “incumpliendo la obligación impuesta por la normativa comunitaria en materia de contratación, de someter el contrato a un nuevo anuncio o convocatoria pública”.
La concesión se otorgó inicialmente por 46 años, hasta el 17 de octubre de este año, pero se aplicó hasta el máximo legal permitido, 75 años, lo que, según Podemos, vulneró, “de forma abierta y manifiesta, la directiva europea sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, vigente a la fecha de aprobación del real decreto, que exigía a los poderes adjudicadores dar a conocer, mediante un anuncio público indicativo, las características de los contratos de concesión que pretendieran adjudicar”.
Según Podemos, la omisión de este “requisito esencial” de la contratación pública impidió “el derecho a la libertad de establecimiento y su ejercicio, e hizo imposible la libre prestación de servicios”. Añade que la prórroga de la concesión por 29 años también vulnera presuntamente los principios que se contenían en el “Libro Verde de la Contratación Pública en la Unión Europea de 1996”, en el que se consideraba que era contrarias al derecho comunitario “la modificación sustancial del pliego de condiciones durante el procedimiento y la modificación de las condiciones de financiación, porque se trata de cambios sustanciales que exigen una nueva licitación”.
La denuncia de Podemos está en sintonía con la reciente decisión de la Comisión Europea (CE) de expedientar a España por la ampliación el peaje de la autopista del Atlántico (AP-9), en Galicia, tras una denuncia presentada por la asociación En-Colectivo, en términos similares a los que ahora esgrime la formación morada.
LA NUEVA ESPAÑA desveló en abril de 2019 que la ampliación del peaje del Huerna, según documentación interna del Ministerio de Transportes (entonces de Fomento), sirvió para sufragar parte de la construcción del tramo Fene-Ferrol y la supresión del peaje entre Rande y Puxeiros, cerca de Vigo, ambos en la autopista del Atlántico (AP-9), así como para sanear las cuentas de la entonces pública Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y privatizarla en 2003.
