El cuidado de personas mayores será una vía preferente para que los perceptores del salario social puedan encontrar un contrato de trabajo en el mercado laboral. Al menos esta es la intención confirmada ayer por la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, durante su comparecencia en la Junta General del Principado.
La diputada Laura Pérez Macho, de Ciudadanos, preguntó sobre “el acompañamiento que debe hacer la comunidad autónoma a las personas que se han desenganchado del mundo laboral”, y que tiene que recurrir a ayudas como el salario social. La titular de Derechos Sociales comentó que la intención del Principado es “fomentar la incorporación laboral de las personas beneficiarias del salarios social en el ámbito del cuidado de mayores en sus domicilios”. Melania Álvarez indicó que el Gobierno autonómico trabaja en la suscripción de un convenio de colaboración, el tercero en este año, que firmará con las asociaciones empresariales del sector. Dicho acuerdo se enmarca dentro de un programa transversal, que pretende dotar de mayor calidad la prestación del servicio de atención domiciliaria. Melania Álvarez recordó que este convenio se sumar a los suscritos con el grupo Tragsa en julio y con la Fundación Laboral de la Construcción este mismo mes, con idéntico objetivo: la inserción laboral de personas que ahora dependen del salario social.
En Asturias percibieron el Salario Social en este mes de septiembre un total de 19.162 personas, según las cifras que facilitó ayer la consejera Melania Álvarez, quien añadió que el Ingreso Mínimo Vital estatal permite al Principado ahorrar casi 2 millones de euros mensuales del desembolso de la renta básica autonómico. “La nómina ya ha bajado de los ocho millones de euros al mes”, comentó la consejera, quien cifró el ahorro para las arcas autonómicas en un 14 por ciento, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado y coordinador de IU Asturias, Ovidio Zapico.
El parlamentario de Izquierda Unida también preguntó a la consejera por su previsión acerca de cuando finalizará el trasvase de los perceptores del Salario Social autonómico al Ingreso Mínimo Vital estatal, “que permitirá liberar recursos para otras políticas ”. Melania Álvarez contestó que el trasvase de los 9.000 expedientes debería quedar resuelto a lo largo del último trimestre de este año.
