La orden ministerial que estableció la protección del lobo en toda España podría ser ilegal: incumple “principios básicos que la vician de nulidad”, según indicó ayer la abogada Pilar Martínez, especialista en Medio Ambiente. La letrada canguesa, con más de treinta años de experiencia en derecho medioambiental, sostiene que la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de incluir todas las poblaciones españolas de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) vulnera “los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, participación y audiencia en su elaboración”. A estos incumplimientos, Martínez añade que no contiene “ninguna carga administrativa” y que no supondrá “el incremento de los recursos humanos y económicos disponibles por la Administración General del Estado”.
Pilar Martínez subraya que precisamente estos principios, “que retóricamente dice cumplir la orden, son los que no cumple y constituyen causa de su nulidad”. Así mismo, explica, ha ocurrido con otras muchas resoluciones de este tipo en las que, al estudiar sus expedientes de elaboración, se constata “lo desproporcionado de la misma, la falta de estudios científicos y técnicos rigurosos que avalen la necesidad y eficacia de las medidas que propone; la ausencia de justificación de verdaderos procesos de participación de los intereses afectados en la elaboración, como exige el derecho medioambiental, así como la inexistencia de mapas rigurosos sobre presencia de la especie a proteger, y, muy especialmente, la falta de memoria económica”. La letrada incide especialmente en este último punto: la ausencia de partidas presupuestarias para hacer frente, compensar o indemnizar a quienes, con motivo de su entrada en vigor, se vean “privados y limitados en sus derechos legítimos previamente consolidados, en un espectro mucho más amplio que los daños provocados por los animales, que tienen obligación de compensar”, indica.
Una de las “graves consecuencias” de la nueva norma, según la letrada de Pilar Martínez Abogados, es que “altera” las competencias de las comunidades. “Por ejemplo, Asturias, donde se contabilizan más de 40 manadas de lobo ibérico y se conoce con detalle la incidencia y necesidades de actuación, dado que correspondía hasta ahora a la administración autonómica su gestión, queda sometida a lo que disponga esta orden”.
Martínez aboga por una gestión que busque el “equilibrio entre la presencia tradicional del lobo en España y la actividad agroganadera”. Considera que la normativa medioambiental española ha producido “importantes desequilibrios ecológicos” y “perjuicios materiales y económicos a la población, habitantes e intereses sociales de los entornos menos urbanos que no se compensan, pasando a ser ciudadanos de segunda”, finaliza.
