La Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, ha presentado este jueves la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2020, un año especial por la pandemia, en el que el confinamiento y las medidas restrictivas marcaron el tipo de delitos que se denunciaron. Por poner un ejemplo, el número de homicidios (en los que se engloban los asesinato, los homicidios dolosos e imprudentes y las inducciones al suicidio) casi se doblaron (pasaron de 23 a 42, lo que supone un aumento del 82,61 por ciento), pero debido a una circunstancia muy especial, según resaltó la Fiscal Superior: la muerte de numerosos ancianos en las residencias debido a la pandemia. "Eso creó mucho desconcierto en la población y hubo muchas denuncias para aclarar cómo se habían producido esas muertes. Esas investigaciones casi todas han terminado cerrándose", indicó. Hay alguna aún en desarrollo, por ejemplo una abierta en Siero, en la que los denunciantes sostienen que hubo un retraso en el traslado al hospital.
Eso sí, admitió que, "en términos porcentuales, suena muy duro". De hecho, las diligencias abiertas por asesinato se dispararon de 4 a 20. Relacionadas con el covid-19, la Fiscalía realizó hasta nueve diligencias de investigación, todas sobreseídas salvo la centrada en el protocolo de la Real Federación de Fútbol de España sobre la actuación para la vuelta de las competiciones oficiales, que se remitió a Madrid. También está investigando un posible delito de denegación de auxilio tras la presentación de una denuncia, el pasado viernes, por parte de la Federación Gijonesa de Asociaciones Vecinales, por no haberse restaurado las condiciones de atención en los centros de salud.
Fernández resaltó el descenso de procedimientos por delitos, 30.470, frente a los 37.926 de 2019, un descenso del 16,66 por ciento. Hubo delitos, como la inmigración ilegal o la prostitución coactiva, que casi desaparecieron del mapa, pero quizá porque esa última actividad "pasó a realizarse en domicilios, una práctica más difícil de descubrir y perseguir". Otro delitos, como los cometidos contra la seguridad vial, cayeron un 25,25 por ciento (pasaron de 2.269 a 1.696). La violencia de género, a pesar de la pandemia, recibió una atención especial. Hubo un descenso de las diligencias urgentes y los juicios rápidos, de un tercio, y por tanto descendieron también los casos calificados y sentenciados, un fenómeno claramente relacionado con el confinamiento. Sin embargo, una vez que se levantaron las restricciones, se multiplicaron las denuncias, lo que explica un aumento del 30 por ciento en las diligencias previas, que pasaron de 1.280 a 1.672.
Otro aspecto resaltado por la Fiscal Superior fue el descenso de lo delitos contra la libertad sexual, que fue del 5,88 por ciento, aunque en menor medida que el resto de delitos, que bajaron entre el 20 y el 30 por ciento. Los abusos sexuales, añadió, subieron más de un 10 por ciento. Pero quiso resaltar que ocho de cada diez acusaciones por delitos sexuales acabaron en condena, del mismo modo que el 88,82 por ciento de las acusaciones por delitos contra integridad física también terminaron en condena. La Fiscal Superior llamó la atención sobre el hecho de que hay "muchas agresiones sexuales a menores por parte de personas que les conocen a través de las redes sociales. También ha habido menores víctimas de conversaciones inapropiadas y acceso a pornografía a través de WhatsApp, y acoso a menores dentro de su propio ámbito, a través de las redes", motivo por el que encareció un control por parte de los padres. También se detectaron "muchas agresiones de descendientes a ascendientes, de hijos a padres y nietos a abuelos, un situación muy alarmante". Puso el ejemplo de "menores que no aceptan los controles que se les imponen, o la negativa a entregarles dinero, que reaccionan de forma violenta".
Esther Fernández resaltó el aumento de las denuncias por infracciones del orden público, un tipo de delitos sobre el que la Fiscalía puso el foco para evitar posibles abusos, que por otro lado no se detectaron. La Fiscal Superior quiso dejar claro que "el incumplimiento de la norma sanitaria (con el toque de queda) no daba lugar a delito, si cuando la persona, al ser requerida por el agente, se extralimitaba y se resistía o agredía a los funcionarios". No ha habido actuaciones relacionadas con los botellones, una práctica, remarcó, "que está prohibida, pero no es delictiva". La Fiscal Superior aseguró que se había controlado especialmente las residencias de ancianos, "en las que se hizo todo lo humanamente posible, pero en Asturias no se dieron prácticas que sí se produjeron en otras regiones, aquí los ancianos no morían en la residencias, sino en el Hospital". Por tanto, todos los casos analizados se han archivado. Sí se incrementaron los internamientos urgentes no voluntarios de personas con alteraciones psíquicas y en situación de vulnerabilidad, "no tanto por el covid como en relación con la pandemia". Solo se obligó a un paciente a permanecer ingresado porque tenía covid y precisaba tratamiento y aislamiento.
Fernández pidió que continúe la cooperación que se vivió entre los diferentes operadores jurídicos durante la pandemia y reclamó "la unificación y modernización de los edificios judiciales, de forma acorde a la Justicia del futuro". Para la Fiscal Superior, "de cara a lo que viene por delante, cobra cada vez más importancia esta necesidad de adaptar los edificios". Ya ha habido una reunión con la Consejería de Justicia para tratar este punto. También resaltó la necesidad de "apostar por las nuevas tecnologías, el teletrabajo ha venido para quedarse y el expediente digital tiene que ir a más".
