Las bonificaciones que se aplican en la autopista del Atlántico (AP-9), en Galicia, podrían ser irregulares. Así al menos lo ve la Comisión Galega da Competencia (CGC), órgano independiente adscrito a la Consejería de Economía, que ha concluido que las ayudas estatales a la concesionaria, Audasa, son “excesivas e injustificadas”. El asunto podría acabar afectando a Asturias, porque el Gobierno del Principado y el Ministerio de Transportes han anunciado que habrá también bonificaciones para la autopista del Huerna (AP-66) a partir del año que viene. Y esas ayudas estatales podrían ser similares a las que se aplican en Galicia desde el pasado mes de julio.
Si bien es cierto que el análisis de la CGC se centra en las ayudas que el Estado concedió a Audasa para compensar que hubiera ejecutado las obras de ampliación del puente de Rande y los accesos de Santiago de Compostela (subida anual y acumulativa de los peajes un uno por ciento durante 20 años), también lo es que las bonificaciones aprobadas en julio afectan a esa subida anual, pues de facto la asume el Ministerio de Transportes.
En un informe demoledor, en el que censura la opacidad tanto de Audasa como del Ejecutivo central, la CGC advierte que las sucesivas ampliaciones de la concesión (también ha habido una en el Huerna, por 29 años) han perjudicado a la Administración y los usuarios. Y reconoce abiertamente sus “muchas dudas” sobre la idoneidad del sistema de compensación a Audasa. Para sus técnicos, la gestora de la autopista recibe una contraprestación “excesiva” que podría considerarse una “ayuda de Estado”, que resulta “injustificada” y que podría contravenir la normativa europea.
