Suma y sigue. El cártel del AVE ha vuelto a amañar subastas de obras públicas toda España, incluidas varias de la variante del Pajares, para repartirse las adjudicaciones y cobrar más de lo debido. Lo ha denunciado –y no es la primera vez– la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en esta ocasión ha multado a las empresas implicadas con 127 millones de euros. Una sanción que se une a otras anteriores por irregularidades similares: 118 millones en 2019 (aún en litigio en los tribunales) y 5,6 millones en 2016.
En esta nueva investigación de la CNMC, aparecen tres obras de la Variante en las que hubo amaño. Fueron adjudicadas por algo más de 53 millones de euros, entre los años 2013 y 2015, y tienen que ver con los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones del futuro acceso de Asturias a la Meseta. Competencia ha probado los apaños gracias a comunicaciones internas (correos y documentos escritos) entre las empresas implicadas y a la confesión de los dirigentes de una de ellas, que se acogió al denominado “Programa de Clemencia”, y que por tanto se librará de pagar su parte de la sanción o la verá sensiblemente reducida.
Las integrantes de este cártel, según ha concluido la CNMC, adulteraron licitaciones de obra pública durante ocho años: simulaban que competían cuando, en realidad, se ponían de acuerdo de antemano para repartirse las adjudicaciones. Acudían, a veces incluso de forma conjunta, a los concursos y presentaban ofertas previamente pactadas entre ellas para asegurar la adjudicación a la empresa que habían decidido. En otras ocasiones, para no despertar sospechas, una de las integrantes del cártel presentaba la mejor oferta, pero renunciaba posteriormente a ejecutar el proyecto, lo que provocaba que la adjudicación recayera en la siguiente aspirante, también participante en el amaño. Aún utilizaron una tercera fórmula para excluir a posibles competidoras: presentaban varias ofertas sin apenas rebaja sobre el presupuesto de licitación, lo que provocaba en ocasiones que empresas ajenas al cártel fueran excluidas por resultar sus ofertas “anormalmente bajas” o “temerarias”, al estar muy por debajo de la media aritmética de todas las presentadas.
El cártel estuvo inicialmente integrado por Thales y Siemens, que suscribieron un acuerdo secreto para repartirse obras públicas en 2013, aunque posteriormente se fueron incorporando otras empresas, algunas de ellas al ver que los amaños les impedían lograr contratos. Ya ese mismo año 2013 incluyó una obra de la Variante en su primer reparto. El informe de la CNMC recoge mensajes entre los máximos responsables del cártel referidos al “reparto LAV V Pajares” y a la “propuesta de reparto que cerraos ayer, con la que no estoy de acuerdo al 100%”.
Para esa primera obra amañada de la Variante, adjudicada en 47 millones, presentaron ofertas cuatro empresas del cártel –Alstom, Bombardier y Thales-Siemens conjuntamente–, con bajas de solo entre el 2,5 y el 4,1 por ciento. El amaño les dio resultados: una competidora, CASF, presentó una oferta económica con una baja del 49,7 por ciento sobre el presupuesto de licitación, lo que la dejó fuera de la adjudicación, al ser considerada “temeraria”. Los responsables de esta empresa tuvo claro lo ocurrido y en un correo interno calificaron de “evidente” el pacto entre las otras competidoras, pues las “bajas mínimas (del 2, 3 y 4%) son inéditas en el sector en los últimos diez años”. A continuación CASF se incorporó también al cártel, según Competencia.
En esta última investigación, la CNMV ha conseguido demostrar amaños en 82 licitaciones en obras ferroviarias ejecutadas en toda España durante los últimos ocho años, en las que se repartieron obras por valor de más de 4.100 millones de euros. La multa, por lo tanto, supone apenas el 3 por ciento del valor total de las licitaciones adulteradas. Contra las resoluciones de Competencia no cabe recurso alguno en vía administrativa, pero sí puede interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Pero no es la primera vez que Competencia investiga –y sanciona– a empresas por adjudicaciones de obras de alta velocidad. En 2019 sancionó a 15 empresas entre ellas filiales de algunas de las constructoras españolas más importantes, por formar varios cárteles para repartirse 275 concursos públicos de infraestructura ferroviaria de Adif por valor de más de 1.000 millones de euros durante 14 años. Impuso entonces una multa de 118 millones de euros, que fue recurrida por las afectadas y que aún está pendiente de resolución judicial.
Estas empresas crearon varios cárteles: uno, para repartirse la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas AVE; otro, para el mantenimiento de los sistemas de electrificación en líneas de tren convencional; y un tercero para los concursos públicos y privados para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad. En algunos casos, las adjudicatarias cedían parte del beneficio a las no adjudicatarias, que presentaban “ofertas de cobertura” o de acompañamiento para simular concurrencia competitiva. En otros, el acuerdo era que la adjudicataria subcontratara a la no adjudicataria. Adif, por su lado, decidió aplicar una rebaja del 10 por ciento a los contratos con las 15 empresas de ese cártel, al sentirse perjudicada por el sobreprecio que provocó aquel pacto.
Antes aún, en 2016, Competencia descubría otro cártel que se repartió contratos de alta velocidad por valor de 597 millones de euros durante 15 años (entre 1999 y 2014), el 87% de todos los licitados en ese período de tiempo. Las empresas fueron sancionadas entonces con 5,6 millones, menos del uno por ciento del total licitado.
Entre estas empresas figuraba la asturiana Duro-Felguera. Las implicadas concurrían sistemáticamente a los concursos aliadas en consorcio, tras pactar precios y otras condiciones comerciales, y con el fin de suprimir toda competencia. Personal de Adif y de Ineco estuvo al corriente de los pactos y acuerdos de las empresas, e incluso participó en algunas de las reuniones mantenidas para cerrar los amaños, según la CNMC, que descubrió una circunstancia sorprendente: las empresas se repartieron en alguna ocasión las obras a suertes, “dependiendo del número agraciado con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional”.
Calvo: “Asturias no necesita una estación central de AVE”
El consejero Alejandro Calvo, confirmó ayer en la Junta que “Asturias no necesita una estación central de AVE”, aunque ratificó que la estación de Lena será objeto de una ambiciosa mejora. El cambiador de ancho en Lena permitirá que los mismos trenes que llegan a esa estación puedan seguir hasta Oviedo a Gijón, contestó el titular de Cohesión Territorial al diputado de IU, Ovidio Zapico. “Habrá una oferta variada, con trenes directos y otros que paren en Lena y Mieres”, añadió Calvo.
