Todos los grupos de la Junta General apoyan una iniciativa para pedir al Gobierno central la retirada de la Medalla de Oro al Trabajo concedida al exsindicalista José Ángel Fernández Villa en 2009, tres años antes de que intentará legalizar una fortuna de oculta de 1,2 millones en la amnistía fiscal impulsada por Cristóbal Montoro. La reprobación de la Cámara autonómica, en la que Villa fue diputado 24 años, no tendrá por ahora efectos prácticos ya que dicha distinción no dispone aún de un mecanismo legal para su revocación, aunque el Gobierno central trabaja en su regulación.

La retirada de la máxima distinción a Fernández Villa por su trayectoria profesional ha sido promovida y argumentada en el hemiciclo de la Junta por el diputado Luis Fanjul, de Ciudadanos. "Esa distinción requiere el tratamiento de Excelente", apuntó Fanjul, para quien el exlíder del sindicato minero, hombre fuerte del PSOE asturiano durante décadas, "tuvo un comportamiento que sería chusco si no fuera porque Asturias todavía siguen padeciendo sus consecuencias". El diputado de Ciudadanos sostuvo que he llegado el momento de que "algunos partidos con su voto favorable se rediman de los años en los que han sido cómplices de esta ley del silencio", tras recordar que Villa ya ha sido condenado por apropiación indebida de fondos de su sindicato, el SOMA.UGT y que ni el PSOE ni el PP votaron a favor del dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre su fortuna oculta y el impacto en la gestión de los fondos mineros.

"Vamos a votar a favor", confirmó el diputado socialista René Suárez, quien recordó que la Federación Socialista Asturiana (FSA) había actuado de forma expeditiva y contundente "desde el minuto uno", con la expulsión del que fuera su dirigente y hombre fuerte durante décadas, en las que fue diputado autonómico, senador, diputado en el Congreso y miembro de la ejecutiva de la FSA y de la ejecutiva federal del PSOE, además de secretario general del sindicato minero SOMA-UGT. Eso sí, René Suárez reprobó al PP y a Vox que "tengan diferentes varas de medir como cuando se votó en el Congreso el caso de Billy el Niño" por su actución represiva en la policía franquista.

Gloria García (PP)) recordó que "el Tigre de Tuilla era uno de los suyos, decidía quién, cómo, dónde y cuándo sin que nadie osara llevarle la contraria. Era el dueño de la chequera. Aparentemente austero y humilde, al estilo de María Jesús Otero en el caso Marea, representantes de la corrupción socialista en Asturias". La diputada popular afirmó que "la amnesia de Villa ha venido muy bien a algunos, porque tenía que haber cooperadores necesarios".

"Mientras la ciudadanía luchaba por el futuro de las Cuencas, esta persona hacía negocios bastardos con impunidad (...) solo cabe un rechazo sin paliativos", sostuvo Rafael Palacios (Podemos), quien hizo extensiva la retirada de reconocimientos "al rey emérito y a todas las personas que aprovechen su posición de poder para lucrarse o beneficiar a su familia y amigos. Y esto es algo que han hecho personas de muchos partidos aquí representados, no de Podemos".

Ángela Vallina justificó el voto favorable de IU a la retirada de esa medalla por "la conducta más abyecta que la deslealtad, la traición" en la que incurrió Villa que supuso, subrayó, "un desgarro moral en los hombres y mujeres de la izquierda en Asturias".

 Adrián Pumares (Foro) reconoció en el hemiciclo que el reprocha judicial a Villa por la apropiación indebida de fondos de su sindicato "son cosas que me suenan", en alusión a la investigación en la que está inmerso el promotor de su partido, Francisco Álvarez-Cascos, por pagar gastos personales con dinero de su organización política. Y confirmó su voto favorable a la retirada de la Medalla al Trabajo a Villa como una forma de "denunciar situaciones indignas de personas que fueron fundamentales en nuestras organizaciones".

Ignacio Blanco, de Vox, se posicionó a favor de esta reprobación del parlamento asturiano a Villa aunque no tenga efectos prácticos con la retirada de la distinción "porque tiene que haber un castigo social", admitió que "todas las medallas a personas que hayan incurrido en este tipo de conductas deberían retirarse". Y aprovechó para extender al reproche "a la herencia que han sabido seguir otros, con 40 años en fraudes de subvenciones", tras citar los casos de la Junta de Andalucía y el proceso que sienta estos días en el banquillo a exdirigentes de UGT de Asturias.