El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado incluye una partida de 179 millones para compensar a la gran industria –a la que consume una gran cantidad de electricidad– por los costes indirectos del CO2 y, de esta forma, aligerar su desorbitado recibo de la luz. La cantidad supone un incremento de cien millones sobre lo previsto inicialmente. Para lograr ese aumento fue necesario que la gran industria montara en cólera y que la conocida como Alianza por la Industria –que lidera el Gobierno del Principado y en la que están los partidos de la oposición, los sindicatos, los municipios y la Universidad de Oviedo– exigiera engordar esa partida.
Sin embargo, las empresas aún no están conformes. Entienden que el Ministerio de Industria podría haber ido un poco más allá. La propia Unión Europea se lo permite. Podían haber llegado a un máximo de 240 millones. Estas subvenciones se conceden por el procedimiento de concurrencia entre todas aquellas empresas que pertenezcan a sectores expuestos a un riesgo de fuga de carbono por haber incurrido en costes de emisiones indirectas de CO2, las que pagan en la factura por la generación con combustibles fósiles. De hecho, la propia Ley de Cambio Climático, que recientemente aprobó el Gobierno, incorporaba ya una previsión específica para que cada año se pueda destinar el 25% de los ingresos del CO2 a paliar los costes de la industria. Estos 179 millones están aún lejos de ese porcentaje.
En cambio, ese dinero supera las partidas por CO2 de los últimos años, pero hay que tener en cuenta que antes las grandes industrias prestaban el conocido como servicio de interrumpibilidad –la disponibilidad para desconectarse de la red en caso de necesidad del sistema a cambio de una retribución– y que era el principal ingreso para compensar el precio de la luz. Esas subvenciones desaparecieron hace ya un tiempo.
El aumento de estas ayudas había sido también un compromiso que había adquirido la propia ministra de Industria, Reyes Maroto, durante sus visitas a Asturias. Lo hizo en respuesta a la profunda decepción que había supuesto el estatuto para las empresas electrointensivas, aprobado en diciembre por el Gobierno, y que no colmó las expectativas de los grandes consumidores energéticos de la región.
Esta ayuda es un ligero alivio para la industria, que ha visto cómo su factura energética crecía de forma considerable durante los últimos meses. Lo que ha levantado ampollas porque el diferencial con los competidores de Alemania o Francia ha ido también en aumento.
