Después de que el juicio del desfalco de la calderería Joama de Noreña se pospusiese hasta en dos ocasiones, en marzo y en junio, los afectados esperaban que el juicio se iniciase por fin en la mañana de este miércoles en la sección tercera de la Audiencia, pero la falta de diligencia de la Agencia Tributaria en la presentación de un informe solicitado ya el pasado febrero, y que llegó al tribunal justo ayer mismo, obligó a suspender el inicio de las sesiones. El presidente del tribunal, Javier Domínguez Begega, ya avisó de que no tienen días libres hasta mayo. “Es vergonzoso, vamos a morir antes del juicio”, se quejaba un afectado. Y es que, como explicaba el abogado de los afectados, Julián Lausín, la querella criminal ya se presentó el 2013, un año después de que la empresa quebrase, según las acusaciones por haber sido descapitalizada por sus administradores, que afrontan penas de entre 12 y 26 años.
No obstante, los afectados sí pudieron ver sentados en el banquillo a los acusados: el administrador Juan Manuel O. G., que se enfrenta a penas de entre seis y diez años; y Alberto F. P. y Víctor R. F., para quienes piden entre tres y ocho años. El monto de lo desfalcado, 3,6 millones de euros, según la acusación particular. El dinero fue a parar a otras sociedades a nombre de los propios acusados o sus familiares.
Precisamente, el tardío informe de la Agencia Tributaria se refiere al entramado societario de los acusados. El tribunal decidió suspender el juicio para que las defensas se ilustrasen sobre el informe. Imposible que los afectados no vean una mano negra. “La instrucción fue muy lenta y ahora llega un informe pedido en febrero. La Agencia Tributaria debe depurar responsabilidades”, indicó el abogado Julián Lausín, que llegó a pedir al tribunal que investigase qué hay detrás de tanto retraso.
Los trece afectados, dueños y trabajadores ellos mismo de una empresa que llegó a tener cien empleados, quedaron con una mano delante y otra detrás. La Audiencia ya les ha reconocido al menos 1,5 millones. “No fueron suficientes ocho años, todavía se necesita más tiempo. Es la historia de todos estos años, la documentación se atasca en el Juzgado, en la Agencia Tributaria..., es una vergüenza”, indicó Mónica Fernández, una de las afectadas. Ahora les toca esperar.
