La “satisfacción” de los ciudadanos fue ayer la tónica general en los servicios de atención pública del Principado, que recuperaban la normalidad de que no fuera necesaria la petición de cita previa para poder realizar algún trámite. Aunque la mayor parte de la plantilla autonómica ya estaba trabajando de forma presencial en sus puestos desde hace meses, la administración autonómica no retomó hasta ayer la atención al público que existía antes de la pandemia, en marzo de 2020.
El vicepresidente del Principado confirmaba ayer la buena aceptación de la vuelta a la normalidad en los servicios autonómicos de atención público, donde hasta ayer solo se podía acceder si se contaba con una cita previa, pedida bien telemáticamente o a través de una llamada telefónica. “La resolución está vigente, la gente y los dispositivos estaban informados y preparados y, por lo que sé, ha funcionado con normalidad en este primer día”, valoraba Juan Cofiño. “No ha habido ningún problema en la vuelta a la presencialidad plena”, añadía el vicepresidente autonómico, que consideró fundamental este tipo de atención, sin cita previa, porque una parte importante de la población, sobre todo la de mayor edad, se encuentra con dificultades para realizar trámites por vía digital. “Vamos a recuperar la normalidad y, además, vamos también a permitir que las personas puedan reservar una hora determinada para poder hacer sus gestiones a demanda, lo cual supone un plus para los ciudadanos”, aclaró.
En las oficinas del Registro del Principado, en Llamaquique (Oviedo), y del SAC, los ciudadanos que acudieron ayer tenían edades de lo más heterogéneo. “No estaba seguro de si ya podía venir sin cita previa, pero pasaba por aquí, quería sacar el certificado covid, pregunté en la puerta y me dijeron que sacase el número. En diez minutos, ya lo tengo resuelto”, comentó Antonio Crespo.
La petición de cita previa todavía sigue siendo la única forma de acceso para las gestiones que tienen que ver con la Administración General del Estado (AGE) como es el caso de la Agencia Tributaria o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Por otra parte, la dirección de Función Pública comunicó ayer a los sindicatos que la regulación del teletrabajo, pendiente de aprobar desde la pasada primavera, deberá tramitarse mediante un decreto del Gobierno autonómico en vez de por la resolución acordada en la Mesa General de negociación del Principado.
