Los bomberos dejaron ayer en la Junta, dentro y fuera, un profuso inventario de las múltiples deficiencias de personal, coordinación y organización que identifican en el servicio y una apremiante advertencia “a los políticos” sobre la “obligación de legislar y protegernos”. Dentro, una abundante representación de las plantillas intervenía, invitada por los grupos, en las comparecencias sobre la proposición de ley para la coordinación de los servicios de emergencias; fuera, una concentración reforzaba el mensaje sobre la urgencia de la legislación reguladora de la profesión. Llevan años reclamándola.
El proyecto legislativo, que se tramita en el parlamento a impulso de tres grupos de la oposición –PP, Ciudadanos y Foro– y cuya toma en consideración avalaron en mayo todas las formaciones salvo el PSOE, sugiere entre otros preceptos la atribución de la condición de agente de la autoridad a los bomberos en acto de servicio, una comisión específica de prevención de riesgos laborales, un departamento propio de asistencia psicológica y otro de coordinación entre los ayuntamientos y el Servicio de Emergencias (SEPA)…
En el capítulo de la financiación, el texto propone trasladar a la normativa autonómica la doctrina que el Tribunal Supremo sentó a finales del pasado año en una sentencia contraria al Ayuntamiento de Gijón. De acuerdo con ella, la propuesta recoge la obligación de la Administración de destinar la contribución que recibe de la patronal de las aseguradoras (Unespa) a “inversiones reales que tengan que ver con la ampliación y mejora de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento”, no a gasto corriente. Es ésta una exigencia que está lejos de cumplirse en Asturias tal y como está formulada. Según las cifras que ayer dejó en la Junta Javier Calzadilla Beúnza, abogado de la parte recurrente en aquel proceso, el Principado evitó destinar a este capítulo 6,4 millones de euros entre 2017 y 2020.
En su turno de comparecencia, la consejera de Presidencia, Rita Camblor, quiso aclarar, a preguntas de Ciudadanos, que “toda la recaudación que viene de Unespa va al SEPA. Otra cuestión es que vaya al capítulo de inversiones reales”…
El caso es que ayer quedó claro que en las plantillas se vincula la falta de inversión con las abundantes carencias de un servicio que ahora, resume Juan Carlos Fernández Granda, presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos de Asturias, ejercen con un nivel de integración muy mejorable los ayuntamientos de Oviedo y Gijón y el SEPA. “Cada uno funcionamos de una manera diferente, tenemos categorías profesionales distintas, los protocolos no son iguales ni las comunicaciones las mismas”. Ni siquiera “el color del casco coincide para identificarnos y saber quién es el jefe…
En su defensa, la Consejera se acogió al proyecto de ley “de protección civil y gestión de emergencias” que prepara el Principado y cuya aprobación en Consejo de Gobierno está prevista “a la par que la de empleo público”, en enero. También opone que algunas de las condiciones, como los turnos de 24 horas, “supondrían un sobrecoste para la Administración. Necesitaríamos 160 efectivos más”.
