“No cabe jurídicamente un referéndum sobre la oficialidad”, aseguró ayer, “con todo el cariño posible”, el presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, respecto a la propuesta del expresidente Juan Luis Rodríguez-Vigil, publicada en un artículo de LA NUEVA ESPAÑA. Rodríguez-Vigil publica hoy otro artículo en el que cuestiona la oportunidad de aprobar ahora una cooficialidad. “Él dice que no se puede aprobar por un voto. Pero no, para aprobarse la cooficialidad, que luego vendrá el desarrollo de esa oficialidad amable, protectora que nosotros queremos, se necesita ganar por 27 votos a 18”. Barbón añadió que, “la oficialidad será obligatoria en lo que respecta a la protección de los derechos de los asturfalantes, pero no se obligará a nadie a hablar asturiano. Que los médicos sepan hablar asturiano no va a ser la oficialidad que defienda este Gobierno”, añadió el presidente durante la mañana de los Premios en el Reconquista.
Barbón indicó que la oficialidad se notará en asuntos como la presentación de una tesis en asturiano o en el reconocimiento de los profesores de asturiano. La protección, además, permitirá “acceder a dinero del Estado”. El modelo de oficialidad se decidirá en el parlamento, “y entonces el PP estará en ese momento en la negociación”. No quiso desvelar sin embargo si habrá una asignatura obligatoria de asturiano, un aspecto que los juristas consultados consideran como algo seguro si se aprueba la cooficialidad.
Sin embargo, la rotundidad con la que Barbón descartó un referéndum sobre el asturiano tuvo rápida respuesta. La competencia para convocar un referéndum es del Gobierno de la nación y no de las comunidades autónomas, pero eso no significa que no haya manera de consultar a la población asturiana sobre la reforma del Estatuto en general o sobre la cooficialidad del asturiano en particular. Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional y uno de los padres del Estatuto de Autonomía de Asturias, explica que “el Gobierno nacional puede delegar esa competencia en el Gobierno autonómico, que es cierto que por sí mismo no lo puede hacer”. Advierte Bastida, eso sí, de que una consulta sobre la cooficialidad no sería un referéndum, que serviría para votar todo el Estatuto, sino un plebiscito, en donde se dirimen asuntos políticos. “La consulta que hizo Cataluña era un plebiscito”, explica. También en este caso se tendría que pedir permiso al Gobierno de la nación.
El PP y Cs insisten en pedir al PSOE que aclare su modelo y recalcan que implica obligaciones
En cuanto a si son o no vinculantes estas consultas, Bastida lo tiene claro: “Aunque jurídicamente no es vinculante, políticamente lo sería; acaba siéndolo porque si no el Gobierno tiene que dimitir”. A Bastida en todo este debate le faltan “matices”. “¿Qué se quiere oficializar?”, se pregunta. Tiene la sensación de que “no hay un acuerdo social sobre el bable, de qué se entiende por bable ni de en qué consiste la cooficialidad jurídicamente”. Antes de lanzarse a aprobar la cooficialidad, Bastida considera que se debería “palpar la realidad”. “¿Cuántas peticiones se hicieron a la administración en bable?”, pregunta. El problema es, dice, “cuando se lleva el asunto a un tema identitario”: “Parece que eres mal asturiano si no pides la oficialidad, pero no hay un estudio hecho sobre ello”, añade.
El expresidente asturiano Juan Luis Rodríguez-Vigil recalca que el referéndum “se puede solicitar a Madrid”, señala el político socialista, que añade otra opción que prefiere: “Se puede meter en la reforma del Estatuto el referéndum, no habría ningún problema”. Una forma también de dar tiempo y “no tener prisa” en un asunto que considera “uno de los grandes temas” para el futuro de la región. “Esto no es un tema de chichinabo o, utilizando el bable, no es una ‘caxigalina’ como para meterlo por la vía de atrás”. Rodríguez-Vigil no tiene dudas de las “obligaciones gravosísimas” que supondría la cooficialidad: “Cada asturiano sabe que esto le va a afectar personalmente, alguien puede ir al médico y exigir ser atendido en bable y los jueces pueden taparse la nariz pero tienen que aplicar la ley”. Lo que argumenta el expresidente es que “tiene que haber un debate. Esto es esencial para la sociedad asturiana”, insiste.
IU ve en Rodríguez-Vigil a “la vieja familia del PSOE que trata de poner palos en la rueda”
El artículo del expresidente Juan Luis Rodríguez-Vigil publicado ayer en LA NUEVA ESPAÑA motivó reacciones inmediatas de los partidos. Quienes recelan de la oficialidad vieron en él motivos para reforzar su posición. Los partidarios de ella, en cambio, cuestionaron principalmente que Rodríguez-Vigil considerase que la aprobación se haría “por la mínima”. Únicamente Podemos prefirió no opinar al respecto. La posición del PSOE quedó expuesta en las palabras del secretario general y Presidente Adrián Barbón.
Álvaro Queipo, secretario general del PP, señaló que su partido “comparte la preocupación del expresidente” porque no exista un amplio consenso social. “Vigil es representante de un socialismo sincero, prudente y de sentido común que parece haber desaparecido de la FSA de Barbón”, afirmó. Además recalcó que “todos los juristas coinciden en señalar que no hay oficialidad que no conlleve obligaciones”. “Solo el PSOE sigue defendiendo que su oficialidad estará basada en la voluntariedad, pero no son capaces o no quieren mostrar a los asturianos los detalles de la misma a pesar de que desde el PP venimos solicitándolo desde hace semanas para que todos los asturianos podamos conocer la naturaleza, el alcance, las consecuencias y el coste de la reforma que proponen antes de que los diputados tengamos que decidir nuestro voto”, indicó.
Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos, considera que “los juristas avalan la posición que siempre ha defendido nuestro partido, puesto que una declaración de oficialidad conlleva inexorablemente una serie de obligaciones que cumplir, según determina el marco constitucional”. Cree que Rodríguez-Vigil “habla, a nuestro juicio, de una perversa oficialidad ‘amable’ puesto que la declaración implica que conviva al mismo nivel y con los mismos derechos que el castellano”. “¿Cómo va a compaginar el señor Barbón el derecho que van a tener los asturianos a expresarse en bable con un personal público que no esté cualificado para hacerlo?”, se pregunta Fernández, que pide al Presidente “que explique las consecuencias reales de una cooficialidad y que deje de mentir a los asturianos”. “Además, si no va a conllevar ningún tipo de obligación, tal y como asegura, ¿para qué hacerla entonces oficial?”, concluye la portavoz.
Pumares, de Foro, asegura que su partido solo aceptará un modelo “sin imposiciones”
Para Ángela Vallina, de IU, “la opinión de Juan Luis Rodríguez Vigil tiene el mismo valor que la de cualquier otro ciudadano, jurista o no”. No obstante, sostiene que, aunque el expresidente habla como jurista, lo hace con “un razonamiento que, deliberadamente, excede el de la ley, porque que, a estas alturas, Asturias siga sin reconocer con el máximo rango su lengua tiene mucho que ver con las posiciones que él mismo representa y que, durante décadas, dieron la espalda, o incluso arremetieron contra el asturiano”. Vallina sostiene que la mayoría reforzada necesaria para reformar el Estatuto en absoluto es “exigua”: “Así pasó con el divorcio, el aborto con el matrimonio homosexual y con la reforma del artículo 135 de la Constitución y no escuchamos entonces semejantes razonamientos”. Para la portavoz de IU, estamos “con un ‘enguedeyu’ cuyo objetivo es poner palos en la rueda de la oficialidad”. A su juicio, en el PSOE “conviven dos familias: la que hoy por hoy está al frente del Gobierno de Asturias y que, ahora, se posiciona a favor de la oficialidad, y la vieja familia a la que tan bien representa esta opinión de Juan Luis Rodríguez Vigil quien, bajo una supuesta seguridad jurídica lo que hace, sin embargo, es tratar de retrasar para impedir”.
Adrián Pumares, secretario general y portavoz de Foro en la Junta, cuyo voto resulta decisivo para aprobar la oficialidad, rechaza la postura de Rodríguez-Vigil: “De aprobarse una reforma del Estatuto de autonomía, no se haría por un voto de diferencia, sino que es necesaria una mayoría reforzada, que los padres del Estatuto fijaron en 3/5 de la Junta General, es decir, 27 diputados. Además, se necesitaría que el Congreso de los Diputados aprobase por mayoría absoluta dicha reforma estatutaria”. También critica la referencia del expresidente al futuro de Foro Asturias: “Muestra una total desconexión con la situación política del Principado de Asturias, seguramente fruto de que hace ya muchos años que se vio obligado a abandonar su actividad política como consecuencia de los escándalos de su Gobierno. Entendemos que sus declaraciones son fruto de ese desconocimiento de la realidad asturiana, y no un intento de deslegitimar a una fuerza parlamentaria y a un partido que se caracteriza, precisamente, y al contrario que el Gobierno que presidió, por la ejemplaridad y la transparencia”. En cuanto a las valoraciones sobre el asturiano, Pumares prefirió no hacer referencia, pero insistió en que “en lo que dependa de Foro no habrá imposiciones ni obligatoriedad para la llingua asturiana, sino que únicamente buscamos garantizar los derechos de los falantes de asturiano, a los que él no tuvo en consideración durante su brevísimo Gobierno”.
Finalmente, el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, afirmó que “lo que dice Juan Luis Rodríguez-Vigil es exactamente lo que dice Vox, y lo que venimos defendiendo, que la oficialidad, una vez aprobada va a suponer imposición, va a suponer obligación”. Afirmó que “sucederá como con la consejera de Cultura, a la que hablas en español y te responderá en llingua, y habrá que responder en ese idioma inventado”. Blanco cree que el modelo de oficialidad de Barbón será un engaño “redactado de forma asimilable y que se hable de derechos; pero esos derechos, de contrapartida, van a exigir obligaciones.” El también presidente de Vox recalcó que el Constitucional considera que será obligatorio hacer el asturiano vehicular en la escuela: “Juan Luis Rodríguez-Vigil expresidente socialista del Principado de Asturias y jurista confirma lo que venimos diciendo y confirma que el presidente del Principado, Adrián Barbón, licenciado en Derecho y que presume de grandes conocimientos jurídicos, está engañando a los asturianos”.
