Uno de los puntos de la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana –apodada por sus detractores como “ley mordaza” desde los cambios introducidos durante el gobierno de Rajoy– que más polvareda ha levantado entre los agentes de los cuerpos de policía y de la Guardia Civil es aquel en el que se refieren a la presunción de veracidad de los atestados policiales. Esto es, el principio que defiende que la palabra de los agentes tenga especial peso ante la justicia. Según denuncian los colectivos policiales la reforma planteada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos propone una merma de este principio, “equiparando”, aseguran, su palabra a la del delincuente. Cuestión que ponen en duda, sin embargo, juristas partidarios de la derogación de la llamada “ley mordaza”, quienes opinan que la reforma “se queda muy corta” dado que en materia de Seguridad Ciudadana, sostienen, se debe mantener, por encima de todo, la presunción de inocencia del detenido o sancionado.
Con todo, y debate aparte, lo que queda claro es que donde sí permanecerá intacta la presunción de veracidad de los agentes es en materias administrativas, como las multas de tráfico, que no dependen de la ley de Seguridad Ciudadana. “En situaciones administrativas la carga de la prueba tiene que realizarla el multado, demostrar lo contrario de lo que dice la autoridad que le sanciona. En situaciones penales, en cambio, se mantiene la presunción de inocencia del acusado”, explica Dionisio Blanco, especialista en derecho administrativo de funcionarios e inspector jefe de Policía Nacional jubilado. Blanco, que sostiene que la situación se debería equiparar en ambas materias y en las multas de tráfico el sancionado también debiera contar con presunción de inocencia, mantiene sin embargo que la palabra del policía sí debe tener su peso. “El funcionario tiene presunción de certeza porque está dotado de unos conocimientos y de un favor que le concede la Constitución de veracidad para cumplir con los fines del derecho. Porque si andamos dudando de todo… Lo mismo que un arquitecto se presume que hace un buen proyecto o que un médico, si te dice que te operes, actúa con buen criterio y le haces caso”, explica Blanco, que advierte que, si se desprotege la actuación policial, los agentes tenderán a perder compromiso. “Si el policía actúa pensando que le van a denunciar, entonces puede decidir no hacerlo”, avisa.
Abel Rodríguez, portavoz en Asturias del sindicato Jupol de la Policía Nacional, también cree que los agentes se pueden “retraer” en actuaciones si su palabra es “puesta en duda”. Y pone un ejemplo de lo que, según él, puede acarrear la reforma del Gobierno de Sánchez: “Presencio un menudeo de droga delante de mí. Hasta ahora, detenía al traficante en el acto porque lo vi. Ahora le tendría que llevar detenido y con el testimonio de la persona que le compró la droga para que corrobore lo que yo digo”.
En cambio, no piensan lo mismo juristas contrarios a la llamada “ley mordaza” de Rajoy. El magistrado Julio Martínez Zahonero, coordinador en Asturias de Jueces para la Democracia, es tajante: “Nosotros vemos innecesario mantener esa presunción de veracidad del agente en materias de seguridad de ciudadana. La ‘ley mordaza’ amplió a conductas que antes tenían que sancionarse en un juzgado bajo el principio de presunción de inocencia del acusado la premisa de presunción de veracidad de los agentes que rige en el ámbito de la administración (como las multas de tráfico)”.
El abogado Raúl Turrero cree, como también hace Zahonero, que la reforma no cambia sustancialmente la “ley mordaza”. Ni siquiera en este punto que tantas quejas levanta en la Policía y Guardia Civil. “En realidad, lo anunciado hasta ahora es que se mantiene la presunción de veracidad de los atestados siempre y cuando ‘sean coherentes y razonables’. Nosotros, como abogados, ya teníamos mecanismos para destruir esa presunción de veracidad en aquellos casos en los que no fuesen coherentes, así que esta medida tiene más un contenido propagandístico que práctico”, explica Turrero, partidario de que la ley fuese a “un modelo donde las fuerzas actuantes deban presentar una serie de indicios que demuestren la infracción o el delito”. Igual que, advierte, tiene que ocurrir con las multas de tráfico: “Que un funcionario representa el interés público y su opinión debe tener una fuerza ante los tribunales no entra en contradicción con que lo que denuncie deba estar amparado en elementos probatorios. Si hay una infracción de tráfico habrá que acreditar que ese vehículo identificado está ahí, bien a través de un radar, de una cámara en un semáforo… Existen medios sobrados para que eso sea así”. Tanto Zahonero como Turrero creen que la reforma del Gobierno “se queda corta”. “La ‘ley mordaza’ no estaba justificada cuando se dictó y ahora ni siquiera se deroga”, opina el juez.
