La pretendida reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias para incorporar la oficialidad del asturiano (entre otros asuntos) se encuentra en un punto crítico, en el que las pretensiones, exigencias o líneas rojas de los partidos resultan incompatibles. Al tiempo, el Gobierno del Principado, que abrió el debate, contempla todo como quien mira los toros desde la barrera.
Lo único en lo que están de acuerdo los cuatro partidos favorables a la cooficialidad (PSOE, Podemos, IU y Foro) es en el mero enunciado de su deseo (incorporar al Estatuto que el asturiano tenga el máximo reconocimiento como lengua). Aun así, el Gobierno regional mantiene aún el optimismo. “En absoluto damos por atascada esa negociación”, señaló esta mañana la portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez. Eso sí, dejó claro que ese debate es ajeno al Gobierno: “Es una cuestión que corresponde a la Federación Socialista Asturiana y al grupo parlamentario”, añadió.
Consciente de la dificultad para hacer casar todas las cartas que los partidos han puesto sobre la mesa, Melania Álvarez resaltó que “en cuanto a esas condiciones conviene recordar a qué nos enfrentamos: por un lado está esa negociación abierta (para la reforma del Estatuto) y por otro, el del ámbito presupuestario (donde tendrían encaje las demandas fiscales de Foro Asturias), que también va por buen camino”.
Pero la pieza esencial de este puzle, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, echó por tierra ese relato apenas una hora después en una rueda de prensa en la Junta General del Principado: “Sinceramente, el Gobierno no está llevando el peso de esta cuestión como debería. Desde el primer día se le pidió un modelo de oficialidad y no lo puso sobre la mesa. Es quien ha de definir el mejor modelo y no lo ha hecho”, indicó Pumares.
El portavoz de Foro, el voto que otorgaría a la oficialidad el toque de “transversal” más allá de la izquierda parlamentaria, afirmó también él mismo sentirse “espectador” de la cuestión. No ha recibido respuesta alguna del Gobierno sobre su propuesta de reformas paralelas a la oficialidad (entre ellas la supresión o rebaja del impuesto de Sucesiones). “Estamos dispuestos a negociar y no nos vamos a cansar de hacerlo, pero no hay respuesta; hay otros tres grupos parlamentarios en esa negociación que deberán decir algo”, indicó Pumares.
El diputado de Foro respondió a preguntas de los periodistas con un tono que mezclaba melancolía y hartazgo por la situación: “Parte de las medidas que planteamos encajan perfectamente en la negociación presupuestaria. Pero no sé si por falta de tiempo o imposibilidad de un acuerdo se van a incluir o no. Sólo lamento del Gobierno su pasividad en la reforma del Estatuto. Da la impresión de que se conforman con haber abierto ese debate; pero en relación con esas propuestas quien tiene que tomar posición se el Gobierno. Y también sobre el modelo de oficialidad: llevamos dos años y pico de legislatura, han dicho eso de la 'oficialidad amable', pero no la han concretado”, señaló. “El PSOE tiene 20 diputados, 20 veces más que Foro, 10 veces más que IU, cuatro veces más que Podemos. Tendrá que ser el PSOE quien ponga cosas sobre la mesa”, lamentó.
El mapa de líneas rojas, reticencias y órdagos que han colocado, en estos momentos, la negociación de la oficialidad en un callejón sin salida es el siguiente:
La mayoría reforzada de 3/5 para la ley que regulará cómo se aplicará la oficialidad.
El gobierno regional ha marcado dos tiempos en esta negociación. Primero, el de la mera declaración de la oficialidad (para lo que se necesitan 27 votos en la Junta general que sumarían PSOE, Podemos, IU y Foro) y otro el de la regulación en detalle de esa oficialidad; es decir, cómo se aplicaría en la educación o en la administración, entre otras cuestiones. Foro Asturias ha exigido como línea roja, que esa ley de Normalización requiera también de una mayoría de 3/5 de la Cámara (nuevamente 27 votos), una propuesta a la que se muestra reticente Podemos, pero a la que es favorable IU.
Las razones por las que Podemos titubea son varias. Primera, por el temor a que esa condición de mayoría reforzada lleve a un posterior bloqueo, ya que esa ley se aprobaría en la próxima legislatura. Si para entonces el frente pro-asturiano no sumase ya 27 votos, la falta de esa mayoría reforzada dejaría en suspenso la aplicación de la oficialidad. Por contra, Foro e IU contraargumentan que esa mayoría reforzada es precisamente garantía de que una mayoría absoluta de contrarios a la oficialidad no podría adelgazar la ley de aplicación del asturiano, y que la declaración en el Estatuto de esa oficialidad ya conllevará necesariamente obligaciones jurídicas mínimas. Pero no hay que perder de vista que Podemos está en Asturias a las puertas de un proceso interno de elección de secretario general (se enfrentan el actual, Daniel Ripa, y la diputada nacional Sofía Castañón). Gran parte de los recelos a esa mayoría reforzada para la ley de Normalización nacen del movimiento de la Xunta Pola Defensa de la Llingua y su posición puede inclinar algunos votos.
Por eso, Podemos ha pedido un informe jurídico para evaluar si respalda esa exigencia de Foro Asturias. Pero los morados suelen ser hábiles a la hora de jugar a la ambigüedad: por un lado dicen que no tienen líneas rojas y por otro vinculan su posición a un informe externo sobre el que recelan los otros partidos. Además, la fractura en el grupo parlamentario, hace que entre ambas familias de Podemos apenas haya diálogo.
Este juego de Podemos exaspera especialmente a Foro Asturias: “En ningún escenario me imaginaba que los tres quintos pudiesen suponer un problema”, ha señalado Pumares, quien ha dejado ver su perplejidad por que tome relevancia en este asunto un informe jurídico “que no sé a quién se ha encargado ni con qué fin”.
Las reformas fiscales de Foro.
Adrián Pumares trastocó el último debate del estado de la región al poner sobre la mesa una serie de demandas en el Presupuesto que debía negociar el Gobierno si quería sumar a Foro Asturias a la oficialidad del asturiano en el marco de la reforma del Estatuto. Básicamente estos son los principales asuntos
- Elevar a un millón de euros el mínimo exento de tributación en el impuesto de Sucesiones (lo que prácticamente supone su supresión).
- Rebajar en medio punto porcentual los cuatro primeros tramos autonómicos del IRPF.
- Establecer un tipo especial para compra de vivienda por jóvenes, en núcleos rurales, o por familias numerosas o personas por discapacidad) dentro del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
- Al mismo tiempo, reclama una ley de impulso a la demografía que favorezca el acceso a la vivienda de jóvenes, retenga el talento, incluya políticas activas de apoyo a la natalidad con ayudas directas o mejore la situación en el medio rural.
- Medidas en infraestructuras, como mejorar el transporte público, volver a una etapa anterior el plan de vías de Gijón o la transferencia de la gestión del Aeropuerto.
Pumares destacó ayer que no se trata de exigencias inamovibles y que su única “línea roja” es la de la mayoría de tres quintos en la ley de normalización. “No hay líneas rojas, salvo esa. Pero tenemos que tener una respuesta de qué se puede admitir o qué no, y a partir de ahí negociar”, insistió ayer. Pero el Gobierno regional y el PSOE se mantienen mudos. Parecen aguardar a que las costuras de una reforma fiscal que no gusta en la izquierda salten por algún otro lado. El principal candidato es Izquierda Unida, que ya ha señalado que no está dispuesta a aceptar el tijeretazo en el impuesto de Sucesiones. Y aunque en los pasillos de la Junta General el PSOE ha deslizado la posibilidad de hallar una posición intermedia, no ha agarrado este toro por los cuernos. Este asunto, que supone una frontera infranqueable en IU y que la haría saltar por los aires entre su militancia y en el ámbito sindical, amenaza con ser el elemento que haga encallar definitivamente las negociaciones sobre la oficialidad.
Cooficialidad “amable”, pero ¿eso qué es?
El soterrado elemento de fricción es, precisamente, el término de “cooficialidad amable” que el Gobierno regional ha propagado pero no concretado. Adrián Pumares ha expresado la frustración que le supone creer que esa indefinición alienta las dudas y los discursos de los contrarios al asturiano: “Si enfocamos la cuestión aislaremos a todas esas personas que creen que con el uso del asturiano llegarán las plagas bíblicas”, ha dicho. Y esa pelota está, en su opinión, sobre el tejado del Gobierno asturiano: “Tiene una responsabilidad fundamental en centrar el debate y, si podemos centrarlo, podremos hacer que argumentos con mucho ruido y minoritarios caigan por su peso. En eso, el Gobierno tiene muchísimo que decir”, ha señalado.
Tiempo, tiempo, tiempo
Otra de las claves está en los plazos. Podemos e Izquierda Unida se mostraron desde el principio partidarias de una reforma y un acuerdo rápidos que permita que, una vez aprobada la cooficialidad en el parlamento asturiano, sea trasladada al Congreso para su ratificación en esta legislatura. Pero el tiempo apremia: en teoría, la tramitación parlamentaria de la reforma debería iniciarse ya en cuestión de semanas para poder alcanzar ese objetivo. “Yo no tengo prisa, la tienen otros”, ha dejado caer Pumares.
Y es ahí donde aflora otra cuestión. ¿Qué ocurriría si el parlamento asturiano aprobase una reforma del Estatuto con la oficialidad del asturiano pero el Congreso, en la próxima legislatura, la rechazase al sumar mayoría los partidos que abiertamente se han mostrado contrarios (PP, Ciudadanos y Vox)? “Eso sería desastroso”, reconocen todos los agentes en la negociación, conscientes del calado político que supondría que el Estado tumbase una oficialidad nacida ya con tanta división y polémica.
En resumen
Foro e IU discrepan con Podemos sobre la mayoría reforzada en la ley de Normalización del Asturiano; IU discrepa de Foro sobre las exigencias fiscales; Podemos e IU discrepan de Foro respecto a los tiempos de la reforma. Y el PSOE observa y calla.
