La reforma de la ley de Seguridad Ciudadana que plantea el Gobierno central de coalición del PSOE y Unidas Podemos va camino de contentar a muy pocos. Lo que ha generado un enorme enfado en el entorno policial y de la Guardia Civil al entender que les resta autoridad y limita su trabajo con el consiguiente detrimento de seguridad en las calles, es entendido desde el lado de los detractores de la que llaman “ley mordaza” –la norma diseñada durante el mandato de Rajoy– como “un ejercicio más de propaganda que de cambios reales” al “quedarse lejos” de derogarla.
Ni por un lado ni por otro hay satisfacción con lo que se sabe por ahora. Porque, tal y como matiza el abogado Raúl Turrero, “habrá que valorar luego lo que aparezca publicado en el BOE”. Sostiene el jurista, partidario de una derogación total de la “ley mordaza” que vaya más allá de la reforma anunciada, que “a lo largo del mandato del Gobierno actual hemos visto que una cosa es lo que se anuncia y otra cosa diferente lo que se publica en el BOE”. De ahí que falten por conocer los detalles finales y la influencia que pueda tener en ellos las movilizaciones masivas contra la reforma que están preparando policías de todos los cuerpos y guardias civiles.
Una de las cuestiones que más chirrían en los ámbitos policiales es la limitación a la hora de retener a personas que no puedan o quieran identificarse. Hasta ahora, tenían un límite de seis horas para poder llevarlos a comisaría y averiguar su identidad. Con la reforma, ese plazo se reduciría a dos horas y con la obligación de devolver al afectado al mismo sitio donde fue recogido. Abel Rodríguez, portavoz y secretario regional en Asturias del sindicato Jupol de Policía Nacional, pone un ejemplo de lo que, denuncian los agentes, podría ocurrir con esta nueva medida. “Hay un botellón en un parque, y aparece un individuo manoseando a varias jóvenes. Un delito de abuso sexual. Nos dicen que tiene unos 1,70 metros de altura y lleva vaqueros azules y chaqueta negra. Encontramos tres sospechosos que responden a la descripción y no saben señalar a ninguno en concreto. Con el plazo de seis horas, podíamos llevarnos a los tres e identificarlos correctamente, pero con dos horas no nos va a dar tiempo. Y encima los tenemos que volver a dejar en el sitio donde se estaba cometiendo el delito”, sostiene. A lo que agrega: “Esto supondrá que en ciertos casos no se nos deje identificar al delincuente”.
El sentir policial lo resume Dionisio Blanco, especialista en derecho administrativo de funcionarios e inspector jefe de Policía Nacional jubilado que desempeñó funciones en Seguridad Ciudadana. “Simplemente defendemos que el principio de autoridad se ejercite en la Policía y Guardia Civil. En mis años de servicio no vi nunca o casi nunca nada raro, se respetan los derechos de los ciudadanos. Pero no se puede poner en duda la labor policial”, expresa. Hay representantes de los cuerpos que han tildado la reforma de “ley de inseguridad ciudadana”.
Diferente visión aporta el jurista Turrero. “Personalmente considero que dos horas es suficiente para identificar a una persona en comisaría, evitando situaciones donde estuviesen en situación de privación de libertad de movimientos, que es un derecho fundamental, más allá de lo estrictamente necesario”, opina el abogado, quien también se refiere a otra de las cuestiones de la reforma puestas en duda desde el ámbito policial. Es el caso de que ya no se tendrán que comunicar con antelación las manifestaciones espontáneas. “Desaparece el trámite de urgencia que ya existía de comunicarlo con 24 horas de antelación. Un elemento positivo porque el derecho a la manifestación no se autoriza, es fundamental y solo había que comunicarlo. Y solo en caso de que entrase en colisión con otros derechos fundamentales o por cuestiones de orden público podía la delegación de Gobierno correspondiente alterar un recorrido o proponer otro horario”, expresa el jurista.
El magistrado Julio Martínez Zahonero, coordinador en Asturias de Jueces para la Democracia, también defiende la relevancia del derecho a manifestación. Entiende, al igual que Turrero, que la reforma se queda corta y no elimina de la “ley mordaza” del todo cuestiones que “al final lo que se consigue es un efecto de desaliento en el ejercicio del derecho de manifestación o protesta”. Turrero cree que las medidas de la reforma anunciadas hasta ahora tienen en su mayor parte “más un contenido propagandístico que práctico” y se centra en otra cuestión alejada de la polémica policial actual. “No tocan la devolución en caliente de los ciudadanos en frontera pese a que los organismos internaciones han comprobado que hay una violación de los derechos fundamentales de los menores en esas situaciones. Se trata de una reforma que se queda claramente corta. Y no corresponde con lo comprometido en campaña por los partidos en gobierno”, advierte el abogado.
