“Se va haciendo la luz”, admitía en la mañana de este viernes el letrado de la acusación particular del “caso Ardines”, Antonio Pineda. Estaba contento (dentro de lo que cabe, ya que este juicio está resultando especialmente duro para la familia) porque el brigada jefe del puesto de Langreo acababa de negar con vehemencia que Djillali Benatia, uno de lo supuestos sicarios que mataron al concejal llanisco, hubiese sufrido presiones mientras estaba en los calabozos de La Felguera, de forma que se tambalea uno de los argumentos de la defensa del argelino, que su declaración autoinculpatoria le fue extraída mediante engaños y incluso “a bofetadas”, como llegó a afirmar el presunto autor material del crimen. Las defensas trataron de sembrar las máximas dudas posibles sobre la visita que recibió Benatia en su celda en la mañana del 19 de febrero de 2019, un día después de ser detenido, por parte de dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con base en Madrid. La visita fue “breve”, según le jefe del puesto langreano, “de un minuto o dos”, se produjo a la vista del agente encargado de la custodia, y durante la misma no hubo nada reseñable. Benatia “fue un buen detenido, no hubo ningún problema”. Además, se le sometía a dos reconocimientos médicos diarios.
El letrado Adrián Fernández llegó a manifestar que nadie sabía de dónde habían salido aquellos dos misteriosos agentes, pero el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, Francisco Javier Iriarte, tras una rápida consulta con el Letrado de la Administración de Justicia, hizo notar al abogado que los dos agentes habían participado en el registro de la vivienda de Benatia en el barrio bilbaíno de Ocharcoaga. El letrado Fernández también hizo notar que Benatia no estuvo todo el tiempo en el cuartel de Langreo, y que el argelino fue trasladado al cuartel de Llanes entre las tres de la tarde y las once de la noche del 19 de febrero, donde se habrían producido las presiones. El abogado de Pedro Luis Nieva, Javier Beramendi, hizo notar al brigada que, en 2017, el Defensor del Pueblo hizo un informe en el que criticaba que no hubiese cámaras ni en el garaje ni en los pasillos y escaleras de acceso a las celdas, y que las cámaras que había en los calabozos no eran nítidas. La fiscal Belén Rico trajo a colación la declaración de Benatia, en la que aseguró que había recibido las presiones de hasta ocho agentes. “Eso es imposible”, aseguró el brigada.
La luz a la que se refería el letrado Pineda se hará aún más potente (o eso creen las acusaciones) durante las dos próximas jornadas del juicio, el lunes y el martes, ya que, tras la declaración de la esposa y el sobrino de Maamar Kelii, comenzarán a declarar los peritos, primero los agentes del departamento de Química, Investigación Tecnológica y Rastreo y Análisis, luego (el martes) los forenses y más agentes, del departamento de Biología y del equipo que analizó la escena del crimen, más los facultativos de la defensa del presunto instigador del crimen, Pedro Luis Nieva.
Durante la sesión de ayer declaró el interventor del Ayuntamiento de Llanes, para dar cuenta de un informe que presentó en el que denunciaba el “hostigamiento y acoso” al que estaba siendo sometido él y el secretario municipal por parte del alcalde. Aunque admitió que las relaciones con el concejal Javier Ardines habían sido “normales” y no se había producido “ninguna tirantez”, sí indicó que trasladaba las decisiones del alcalde. Y también, en cierta ocasión, Ardines dijo a los medios de comunicación que el interventor estaba imputado en una causa penal en relación a la contratación irregular de un arquitecto. “En ese momento, yo no estaba imputado”, aseguró.
Un agente de Extranjería de la Jefatura de Oviedo indicó, a preguntas del letrado de Maamar Kelii, Fernando Barutell, que no apreciaba nada extraño en los viajes del acusado a Argelia, que fueron dos en 2017 y tres en 2018.
