Los pagos efectivos de indemnizaciones por daños de la fauna salvaje en la ganadería asturiana no llegan en lo que va de año a los tres euros de cada diez reconocidos. El Gobierno del Principado ha llegado a noviembre con obligaciones contraídas que ya superan los dos millones de euros consignados para este propósito en el presupuesto autonómico –van 2.170.710,88– y con desembolsos reales por valor de 602.885,06. Se ha pagado apenas un 27 por ciento de lo reconocido, menos de un euro de cada tres, a lo que la Consejería de Medio Rural añade otros 710.583,72 euros “que se encuentran en tramitación de pago” y que elevarían el porcentaje de lo que está en vías de abono a un 60,5 por ciento “de las obligaciones para esta anualidad”. El total, entre lo liquidado y lo que está en trámite, supera, según su recuento, los 1,3 millones de euros.
La factura de más de 2,1 millones en daños ocasionados por el lobo y otras especies salvajes sale de los 5.740 expedientes tramitados hasta mediados de noviembre por el Servicio de Vida Silvestre. En su respuesta a una pregunta registrada en la Junta por la diputada de Podemos Nuria Rodríguez, la Consejería añade los perjuicios ocasionados por ataques en el Parque Nacional de los Picos de Europa, con 113.000 euros que habría que sumar a esos 1,3 millones y que se tramitan en un procedimiento similar al del Principado, pero “separado en su trámite administrativo por tratarse de un ámbito que dispone de un presupuesto y estructura propias a través del Consorcio Interautonómico que lo gestiona”. El Consejero, Alejandro Calvo, añade al recuento de cifras una expresión de confianza en la capacidad de la Administración para “acometer el conjunto de las obligaciones contraídas a lo largo de este año” y, tal vez sobre todo, una promesa de “avanzar en una fórmula más ágil para la tramitación de estos expedientes administrativos”.
También invita a tener en consideración que todos los años se tramitan del orden de 6.000 expedientes de indemnizaciones por ataques de animales salvajes, lo que supone una ingente dotación de recursos y requiere de “numerosos informes técnicos, consultas informáticas, requerimientos de documentación, etcétera, en un proceso garantista” que no puede apartarse de lo dispuesto en la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La “Estrategia” del lobo
El Gobierno del Principado, en comunión con los de Galicia, Cantabria y Castilla y León, ha hecho llegar, por otro lado, al presidente de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un escrito en el que solicitan la retirada del borrador de la “Estrategia para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo y su conservación”. Las cuatro autonomías, que en septiembre ya anunciaron un recurso contencioso-administrativo contra la inclusión del cánido salvaje en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), consideran que el documento elaborado por el Ministerio tiene “una orientación errónea, adolece de falta de rigor técnico y científico y podría vulnerar el régimen competencial establecido”, además de haber sido elaborado sin contar con las autonomías afectadas.
