Convertir la futura financiación autonómica en la herramienta más potente para combatir el declive demográfico y no hacer del debate sobre el futuro modelo un campo de batalla con otras autonomías que tienen realidades muy diferentes, sino un foro para buscar el reequilibrio territorial perdido. Esta es la filosofía que desprende la declaración de Santiago de Compostela, suscrita por Asturias y otras siete comunidades autónomas que, pese a suponer el 62 por ciento del territorio de toda España, suman algo menos de una cuarta parte de habitantes del país, superando los 11 millones de habitantes.
La mayor cumbre interautonómica ya anunciaba desde su misma denominación, “Foro Santiago, Camino de consenso”, la doble vocación de servir de altavoz a reivindicaciones que, por primera vez, tienen en la pérdida de población su principal argumento ante la reforma del sistema de financiación, y al mismo tiempo no ser vista como un nuevo brote del frentismo que, tradicionalmente, ha rodeado este proceso negociador.
Venía precedida la cumbre del revuelo por unas palabras de presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cuestionando a Pedro Sánchez, que había generado una llamada a rebato de Ferraz a sus barones para no hacer el caldo gordo al PP. El mandatario gallego se aplicó para que el encuentro en la plaza del Obradoiro fuera un ejercicio de diplomacia vaticana, que no pudiera ser interpretado en clave negativa. De hecho, uno de los 35 puntos de la Declaración de Santiago constata “el absoluto respeto a las Comunidades con intereses diferentes” y matiza que el objetivo final ha de ser el de “acertar en la definición” del modelo para “garantizar la igualdad de los españoles con niveles de servicios públicos homogéneos” y “evitar desequilibrios territoriales”.
Feijóo proclamó que el objetivo de la cumbre “es ser útil, no es un frente contra nadie”, después de que varios de los cinco presidentes socialistas presentes, entre ellos el asturiano Adrián Barbón, destacasen las bonanzas y “la normalidad” de que exista un entendimiento entre políticos de diferentes partidos sobre una cuestión vertebral, como la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales. El Gobierno central y los consejeros de Hacienda de Valencia y Murcia, consideraron asumibles algunos planteamientos del “G-8 de la España despoblada” reunido en Santiago, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mandó una andanada al declarar que “la España vaciada no tendrá oportunidades si expulsa a los españoles de su tierra por motivos lingüísticos, si no bajan impuestos y ayudan a sus empresas y no fomentan planes de natalidad”.
La singularidad de esta alianza, cuestionada por Ayuso, radica en que esgrimen la financiación autonómica como una nueva herramienta para combatir el declive demográfico de sus territorios. Lograr más recursos para que las autonomías puedan hacer frente al coste real de los servicios públicos, que se encarecen por la dispersión, la orografía, la baja densidad y el envejecimiento y actualizar el gasto creciente de la sanidad y de la dependencia, con una mayor ponderación para el sobre envejecimiento con la creación del grupo de mayores de 85 años, son algunas de las iniciativas defendidas por Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura.
No son las únicas novedades. La invocación por parte de estas ocho autonomías de que España recupere el reequilibrio territorial también mira a la necesidad de aplicar medidas sobre la natalidad, la conciliación y el mundo rural. La creación de un fondo estatal para las zonas con “desafíos demográficos” como la caída de nacimientos y el envejecimiento, la universalización de las escuelas de 0-3 años y la exigencia de un pacto nacional para que haya más médicos de familia y pediatras, un problema que sacude a las zonas despobladas, son reivindicaciones que han entrado ahora en la agenda política de la financiación.
La oposición respalda la alianza sin optimismo, entusiasmo ni confianza
En Santiago había que estar, otra cuestión es que la foto de la comunión de ocho presidentes autonómicos en la plaza del Obradoiro vaya a tener efectos, o que desate la confianza, el entusiasmo o el optimismo en los antagonistas parlamentarios del PSOE en la Junta. Al día siguiente de la cumbre en defensa de una financiación autonómica que haga primar los costes de los servicios en las poblaciones dispersas y envejecidas como la asturiana, la oposición adoba su respaldo al cónclave con la exigencia al Gobierno autonómico de mayor proactividad y capacidad influencia para hacer que pesen los postulados que defiende en la supuestamente inminente reforma del modelo de reparto de fondos entre autonomías.
“Cuando somos tan insignificantes y tenemos cero influencia política en el Gobierno de Pedro Sánchez”, apunta el diputado del PP Pablo González, “necesitamos un frente común con otras comunidades, sean del signo que sean. Pero no sólo hay que defender los intereses de Asturias en Galicia”, matiza, “sino también en Asturias. Y cuando preguntamos a la consejera de Hacienda por este tema la respuesta es que no se conoce el coste real de la prestación de los servicios en la región y que el objetivo del Gobierno es que la financiación autonómica cubra el coste de todos, los básicos y los que no lo son, en una postura naïf e incumplible que puede generar frustración en los asturianos”.
En Ciudadanos, Sergio García entiende “lógico que se establezcan alianzas, pero lamentablemente no puedo ser nada optimista, porque este Gobierno que no es ni socialista ni progresista está construyendo una España a dos velocidades en la que Asturias está quedando relegada”. Las Españas son tres cuando habla el portavoz de Podemos, Daniel Ripa: “La que crece en población y empresas, la ‘vaciada’ y la de las comunidades periféricas y ciudades intermedias que pierden población y envejecen”. Entre ellas, resalta, “se agranda la brecha”, urge “una solución estructural para un problema estructural” y “está bien” que haya una alianza, apunta Ripa, pero “el presidente del Principado debe hacer algo más que enviar un whatsapp a Pedro Sánchez. Me daría miedo que esta cumbre, más allá de una bonita foto, culminase en un mensaje a Moncloa sin acciones”.
Ovidio Zapico (IU) valora y saluda “todo lo que suponga sumar sinergias con otras autonomías con características muy parecidas a nosotros” y Adrián Pumares (Foro) encuentra “muy positivo” que se tiendan lazos con otros presidentes en dirección a una reforma “ineludible” sobre la que sin embargo duda “enormemente que Pedro Sánchez escuche a los presidentes de su partido. Si acomete este cambio de modelo, lo hará atendiendo a la aritmética parlamentaria y a su objetivo de seguir durmiendo en Moncloa”. El portavoz forista teme que los nuevos fundamentos del sistema acaben siendo negociados en “reuniones bilaterales” e Ignacio Blanco, portavoz de Vox, censura “una fanfarria, una mera exposición pública, porque estamos viendo cómo las negociaciones se hacen de forma bilateral, no por grupos”.
Desde el ámbito parlamentario que da sustento al Gobierno, la portavoz del grupo socialista, Dolores Carcedo, considera “fundamental que los presidentes de ocho autonomías fijen posiciones comunes sobre un tema tan trascendental como la financiación. Es importante contar con ese respaldo”, dice, y combinarlo con el apoyo interno que da el acuerdo alcanzado con todos los grupos de la Junta salvo Vox.
