Carlos Martínez Navarrete es el presidente del sector nacional de Administración General del Estado del sindicato CSIF. Ayer visitó Asturias para una reunión de trabajo con delegados de varios servicios estatales en la región.
–¿Cómo está el empleo en la Administración General del Estado?
–En una situación crítica. CSIF denuncia desde hace muchos años que si no se produce una reposición de las plazas de jubilación, se va a llegar al colapso. En diez años hemos perdido 50.000 efectivos y ya peligra la calidad del servicio al ciudadano. Esta situación debe revertirse con un cambio en las políticas de empleo. Ahora solo se pueden reponer las jubilaciones del año anterior y muchas ni siquiera se cubren. Así nunca corregiremos el déficit acumulado.
–¿Y en Asturias?
–En Asturias en los últimos dos años se ha perdido el 20 por ciento de efectivos, una quinta parte del total. El papel de la Administración General del Estado es fundamental para el ciudadano y para el buen funcionamiento del país. Por la pandemia se ha visto agravada la situación de organismos clave como el SEPE, con los Ertes; o la Seguridad Social, pero los problemas de falta de personal ya venían de años atrás. Esta tendencia hay que revertirla de modo inmediato.
–¿Por dónde pasa la solución?
–Debe hacerse un plan global a varios años para dar respuesta a las carencias. Hace falta un estudio de recursos humanos que detecte las carencias prioritarias del país y atenderlas en un tiempo razonable.
–¿Falta una estrategia global?
–Falta una estrategia y un compromiso para dar el apoyo que necesita un elemento clave como la Administración General del Estado. Es necesaria una amplia oferta pública de empleo, que identifique las necesidades para cubrirlas.
–¿Cuáles son las consecuencias de estas carencias?
–Estamos notando problemas de seguridad y hay que entender al ciudadano. Afrontamos una crisis y hay gente que está perdiendo su empleo y, al acudir a la Administración, se encuentran con demoras que afectan a su situación. Pero esas demoras en ningún caso son achacables al trabajador público que está haciendo un esfuerzo extraordinario para sobreponerse a las limitaciones.
–¿Esas limitaciones afectan a más campos?
–Además de reponer las plantillas, la Administración debe hacer un esfuerzo en actualizar los equipos. La atención al ciudadano está cambiando parcialmente, con versiones telefónica y telemática, que obligan a implantar un software amigable, para que la gente pueda entrar fácilmente. No se puede obviar la brecha digital de las personas mayores. Defendemos el teletrabajo, pero siempre debe ser compatible con el mantenimiento de la atención presencial.
–¿Cómo va la implantación del teletrabajo?
–En abril llegamos a un acuerdo con el ministro Iceta, que debe ser trasladado a un real decreto. El Ministerio dijo que estaría listo en septiembre, pero seguimos a la espera, aunque oímos anuncios cada poco. Es necesario, porque bien regulado evitaría muchos problemas de los que hablamos.
–¿Por qué los organismos de la Administración General son los últimos en incorporarse a la normalidad, con la reanudación de la atención presencial sin cita previa tras la pandemia?
–Se está produciendo un cambio, desde la incorporación a fecha de 1 de octubre de todo el personal, con lo cual se está normalizando la atención. Pero es un proceso gradual, que requiere un tiempo de adaptación. Hay problemas de medios y también de colapso del sistema porque utilizamos equipos muy obsoletos. Y requiere una solución urgente porque, si no, el ciudadano achaca la responsabilidad al funcionario que le atiende y nada más lejos de la realidad.
–¿Cómo valora CSIF la subida salarial del 2% para los empleados públicos, recogida en los Presupuestos del Estado para 2022?
–Es totalmente insuficiente porque llevamos una pérdida acumulada durante una serie de años. Como sindicato hemos presentado una enmienda, que pide una subida del 3,5 por ciento. Tampoco hay que olvidar la alta inflación de este año, que elevaría más ese desfase.
–¿Qué les parece la solución a los interinos que se negocia en el Congreso?
–Los sindicatos hicimos una buena negociación para reducir la temporalidad, equilibrada y con seguridad jurídica. Ahora esta cuestión está en el Congreso y debemos esperar al resultado final. Lo que queremos es que la resolución que salga aporte seguridad jurídica y no un arreglo aparente, que traslade la solución del problema a varios meses o incluso años.
–¿Discrepan de lo que se sabe de este acuerdo político?
–Ahora toca ser prudente y ver cómo queda la ley cuando salga del Parlamento. Y esperemos que tenga en cuenta el principio de seguridad jurídica, que es imprescindible para todos los afectados y para que no haya que volver a la casilla de salida dentro de un tiempo. Ahora la pelota está en manos de nuestros parlamentarios. Nosotros, como sindicato, hicimos bien nuestro trabajo.
