La dimisión del interventor general del Principado en plena tramitación de importantes partidas de fondos europeos cogió ayer por sorpresa a los partidos de la oposición y varios coinciden en que la inestabilidad en uno de los puestos más relevantes del organigrama autonómico revela que “algo pasa” en la gestión económica del gobierno de Adrián Barbón. La marcha de José Manuel Senén Casal, adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, es vista con preocupación por el efecto que pueda tener en una materia tan sensible para la recuperación económica post covid como la tramitación de los fondos de resiliencia.
El hasta ahora interventor general, que es funcionario de carrera y miembro del Cuerpo Superior de Administradores, ha sacado un puesto de jefe de servicio en Función Pública, dentro del concurso de méritos del Principado. Un puesto del que podría tomar posesión el próximo mes de febrero, según confirmaron fuentes de la administración regional.
“Esta dimisión supone un nuevo fracaso en la gestión del Gobierno”, afirmó el portavoz adjunto del PP, Pablo González. “Que se marche así un alto funcionario deja entrever que algo está pasando”, señaló el diputado popular que, no obstante, planteó que “lo importante es el resultado de las políticas”.
La portavoz de Ciudadanos en la Junta, Susana Fernández, también cree que las renuncias en la Intervención no son precisamente indicios positivos. “Es una anomalía inaceptable que dimitan dos interventores generales en poco más de un año y no dice nada bueno sobre el funcionamiento de la administración asturiana, ni de cómo se están gestionando los recursos públicos”, valoró la diputada del grupo parlamentario naranja sobre una cuestión, dijo, “a la que se suma que Asturias se juega parte de su futuro en la gestión de los fondos europeos, que deben adaptarse a las estrictas exigencias de Bruselas sobre control financiero”. Enrique López, portavoz de Podemos, calificó la dimisión del interventor general como “la consecuencia lógica de un nombramiento que en su momento rayó la frivolidad por parte del Gobierno y también la consecuencia de la irresponsabilidad del funcionario al aceptar un puesto para el que no contaba con la especialización altísima requerida en ese desempeño”. López consideró que la interinidad en un puesto de tal responsabilidad “es una mala noticia y una fuente de preocupación para los intereses de Asturias”.
La portavoz de IU en la Junta, Ángela Vallina, manifestó “la preocupación” de su grupo parlamentario al tiempo que consideró “indispensable que el Gobierno abra el proceso para lograr un nuevo nombramiento con la máxima rapidez, pero también con el máximo rigor para garantizar la estabilidad en un puesto clave para la Administración autonómica”.
Vallina recalcó que el puesto de interventor general “se ha visto sometido a un proceso de renuncias por parte de los distintos responsables en los últimos años que debe resolverse”. La portavoz de IU pidió un refuerzo de medios materiales y humanos para ese departamento “ante el incremento exponencial de las tareas de control” al añadirse “la gestión de los fondos europeos, de resiliencia y covid, a las responsabilidades generales”.
“La dimisión del interventor general deja entrever que en la trastienda del Principado hay mucha más tensión de la que podría parecer”, a juicio de la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, que no conoce “las razones de fondo” pero juzga “sorprendente y llamativo” que se produzca “cuando llega el momento de la gestión de millones de euros provenientes de los fondos europeos”.
