El parlamento asturiano aprobó ayer la ley de medidas administrativas y urgentes para que el Principado sea más rápido en todos los trámites relacionados con actividades económicas y para que pueda imprimir mayor agilidad a los fondos europeos. La votación final confirmó la fractura del grupo de Ciudadanos, ya que sus dos diputados críticos con la dirección regional del partido, rompieron la disciplina de voto al apoyar una enmienda de IU, que no prosperó, y que trataba de impedir que las Cámaras de Comercio y los colegios profesionales puedan asumir la gestión de la declaración responsable, una iniciativa que precisamente abanderó el grupo naranja.

El vicepresidente del Gobierno Juan Cofiño esgrimió la relevancia de esta nueva ley para “suprimir las trabas administrativas” en autorizaciones de ordenación del territorio, el urbanismo, el medio ambiente y la protección del patrimonio y se mostró comprensivo “con las reticencias de algunos grupos a la entrada de la colaboración público privada en la declaración responsable”, pero aseguró que “no supone aventura de lo inexplorado”, tras recordar que medidas similares ya están en marcha en otras comunidades autónomas.

Ciudadanos dio un impulso determinante a la aprobación de esta ley, tras incorporar el texto definitivo la posibilidad de que las Cámaras de Comercio y los colegios profesionales empiecen a colaborar en la tramitación de la declaración responsable, “respetando la función pública de control, inherente a la Administración”, matizó el diputado Luis Fanjul, quien afirmó que “Asturias no puede quedar rezagada” en este proceso de simplificación administrativa. Pero dicho impulso no estuvo exento de controversia. A la hora de las votaciones, pasadas las tres de la tarde, los dos diputados de Cs críticos con la dirección regional del partido, Laura Pérez Macho y Armando Bartolomé, rompieron la disciplina de voto al apoyar una enmienda de IU que pedía sacar de la ley el capítulo relativo a que entidades como las Cámaras de Comercio o los colegios profesionales puedan colaborar en la gestión de la declaración responsable, una cuestión muy criticada por sindicatos y colectivos de la función pública. El lío interno en Ciudadanos está servido. El argumento de los diputados “rebeldes”, que vienen acusando a dirigentes como Ignacio Cuesta o Sergio García de deshacer la organización naranja en Asturias y pasar a las filas del PP, para apoyar la enmienda de IU consiste en que la redacción de ese capítulo supone “una reserva de oligopolio a las Cámaras de Comercio y a los colegios profesiones”, al darles por ley “un espacio del mercado que excluye a las pequeñas y medianas empresas que podrían querer optar a ser también entidades colaboradoras de la Administración autonómica”. La dirección parlamentaria de Cs, que en principio creyó que se trataba de un error en las votaciones, estudiará hoy si toma alguna medida con ambos diputados, “que no pusieron ninguna objeción al texto en la reunión del grupo”.

El portavoz adjunto del PP, Pablo González, defendió las enmiendas presentadas por su partido, que persiguen un mayor control parlamentario de dicha ley. Ricardo Menéndez Salmón (Podemos) lamentó que esta normativa “llegue con un año de retraso” y encima en un formato que amenaza “con reducir el control público”. Ovidio Zapico (IU) justificó el voto particular de su grupo contra el articulado de una ley que “sufrió una mutación” para “abrir la puerta a una herramienta muy peligrosa” con la entrada de la iniciativa privada en la gestión de la declaración responsable. Adrián Pumares (Foro) admitió que esta nueva ley supone “un paso en la buena dirección”, pero advirtió que la agilización y modernización de la Administración asturiana “tiene una asignatura pendiente en la transformación digital”. Sara Álvarez Rouco (Vox) afirmó que las enmiendas, especialmente las del PP y Cs, “van a salvar ley” pero la cuestionó “por su sesgo ideológico”.