“Asturias es una región pequeña y debe pensar en actuar conjuntamente con otras regiones con los mismos intereses (si son legítimos y se pueden explicar),” para “defender un nuevo modelo de financiación autonómica” que sea “sensato no sólo para nosotros sino también para los demás” y “construido a partir del principio de solidaridad”, postuló el profesor Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, en la conferencia de clausura del ciclo sobre el 40º. aniversario del Estatuto de Autonomía de la comunidad organizado por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).
Ante la renovación del sistema financiación, cuyo actual modelo venció en 2014, Monasterio planteó un diseño que permita nivelar la necesidad y capacidad fiscal de la región tomando en consideración el coste de la prestación de los servicios públicos en cada territorio (el 80% del gasto lo consumen sanidad, educación y servicios sociales) calculado “mediante una metodología” definida y “no a ojo de buen cubero”.
Para hacer efectivo el principio de solidaridad planteó como “una propuesta sensata basada en el federalismo y con encaje constitucional” la utilización y potenciación del Fondo de Compensación Interterritorial, que “figura en la Constitución” con ese fin y que “está pensado para reducir las diferencias” territoriales. “El Senado tiene esta tarea” pero “los problemas surgen de no hacer las cosas”, reprochó.
En la estimación de los costes de proveer los servicios básicos a los ciudadanos, Monasterio apuntó como ejemplo que una población envejecida como la asturiana entraña un coste sanitario superior, por lo que abogó por mantener el criterio de “población ajustada” como criterio de financiación porque corrige el mero censo de habitantes (por el que abogan las regiones más pobladas) con parámetros como la pirámide de edad, la orografía, la dispersión del hábitat y otros.
“El criterio de ‘población ajustada’ se adoptó por unanimidad de todas las regiones en 2009 y ahora”, opinó, “ninguna de esas comunidades está legitimada para reclamar el criterio de población pura”.
El profesor Monasterio sostuvo que la comunidad autónoma asturiana “se ha comportado con mesura” en la gestión del sector público y de la Hacienda propia, cuyo balance es “bastante satisfactorio”, y alertó del “peligro” de que comunidades que “han incumplido todos los límites de déficit y acumulado una gran deuda” (del orden del 60 ó 70% de su PIB) con la Administración central, como Comunidad Valenciana y Cataluña, pretendan que el Gobierno central “asuma ese endeudamiento” o que “les dé más dinero para devolver” los débitos, lo que sería “malo fiscalmente y malo para Asturias”. A ello se suma, agregó, que habitualmente ha sido Cataluña la que ha “propuesto” los modelos de financiación, que posteriormente censura al considerarlos como un mal sistema.
El hacendista asturiano sostuvo que “el sistema foral” español (País Vasco y Navarra) “no existe en ninguna parte del mundo”, que supone ”una asimetría cada vez más difícilmente justificable” y que entraña “una atracción para todas las regiones de alto nivel de riqueza” que no tienen este privilegio, que la Constitución reconoce a los territorios forales en virtud de “derechos históricos”. “El voto masculino es más antiguo que el femenino pero ese criterio histórico no da derechos adicionales”, apostilló.
Monasterio expuso que si bien las comunidades forales aducen que contribuyen a la solidaridad a través del Fondo de Compensación Interterritorial y del Fondo Complementario, ambos apenas mueven 1.300 millones, cuando el grueso de la solidaridad reside en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que aglutina 94.000 millones. “Los diversos estudios existentes evalúan en 2.000 millones la ventaja fiscal de los territorios forales. Si se eliminase, Asturias recibiría entre 50 y 60 millones”, argumentó. Y calificó de “difícilmente creíble” que, si el coste de las competencias de las demás regiones se evalúa en 100 millones, las específicas del País Vasco estén en 89.000, según se estimó en el cupo en 2017.
El modelo español es “complejo” por estas peculiaridades y por otros rasgos, como que “el reparto de competencias esté”, indicó, “permanentemente abierto, lo que somete al sistema a tensiones”.
