En Bruselas, a unas manzanas del Parlamento y la Comisión, un mural pintado sobre fondo azul turquesa en la pared lateral de un edificio pide confianza y hace profesión de fe en la UE de la pospandemia. “El futuro es Europa “, dice. Más o menos es eso, con otras palabras y un ojo puesto en Asturias, lo que Susana Solís, eurodiputada asturiana de Ciudadanos, va a confirmar hablando de las ventanas de oportunidad que abren para la región los nuevos criterios de valoración de la despoblación en la UE. El Principado, con su peculiaridad territorial, cabe mejor en una reforma legislativa que viene asociada a un nuevo acceso a fondos, a ayudas, ventajas fiscales, y en general al profundo “cambio de mentalidad” que se ha operado en todas las instancias de la Unión respecto a la multitud de desafíos que afrontan sus demarcaciones de población más menguante.
En una jornada divulgativa organizada esta semana en el Parlamento Europeo, Solís abrió en realidad tres ventanas con vistas a Asturias: la de esa nueva forma de mirar a la Europa despoblada, que ha llevado a la Comisión a dotarse de una vicepresidencia de reto demográfico; la de la modificación del marco legislativo europeo en consonancia con esa renovada “voluntad política” y fundamentalmente, “por fin”, la apertura de la caja de los recursos para financiar la mudanza en el periodo 2021-2027. Aterrizando en el futuro inmediato, hablando en su condición de negociadora del nuevo Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y después de un parto doloroso que “nos ha costado mucho “, la eurodiputada avilesina pone el acento en el advenimiento de una nueva definición de despoblación más abierta e inclusiva, mejor para Asturias: Europa ha sustituido un criterio muy estricto y medido exclusivamente a escala de provincia, donde sólo cabían zonas muy específicas del Norte de Europa y en España un puñado limitado de las áreas más deprimidas, por otro que acoge mejor a las “laponias del sur de Europa” y mide el problema por municipios o agrupaciones de municipios.
La ocasión es evidente para el Principado, que tiene en su conjunto una densidad de población superior a la media española, pero a la vez casi la mitad de su superficie y 29 de sus 78 concejos sumidos en un “desierto” de menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora, Europa abre la mano hacia aquí. Admite como zona despoblada no sólo la provincia, también el municipio, o las agrupaciones de ellos, que tengan una densidad inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y además hayan perdido al menos un uno por ciento anual de su población durante los diez años que van de 2007 a 2017. Para ellas, en el nuevo periodo financiero de la Unión (2021-2027) se establecen directrices sobre ayudas de Estado y se abre la posibilidad de imponer una fiscalidad diferenciada. Pero antes de llegar hasta ahí emerge una gruesa tarea por hacer en el interior de los estados que Solís lamenta, requiriendo al Gobierno español para que elabore con urgencia “un mapeo de las zonas despobladas de España que atienda a esta nueva definición de la UE”. Se reclama un diagnóstico que permita afinar con exactitud qué porciones del territorio pueden aspirar a taponar las heridas de su censo mediante incentivos fiscales o, entre otras ventajas, ayudas directas y específicas a la actividad empresarial.
Un primer análisis situaría en 44 concejos asturianos, una extensa mancha que ocupa el setenta por ciento de la superficie regional, la concurrencia de los nuevos requisitos europeos para medir la despoblación. Con no exactamente esos mismos criterios, y en otro contexto, en Asturias el Comisionado del Gobierno regional para el Reto Demográfico ha elaborado recientemente, en colaboración con la Sociedad de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), un mapa a escala parroquial que clasifica en cuatro categorías las zonas rurales asturianas según sus oportunidades de desarrollo. Con ese propósito, y con una metodología similar, Castilla La Mancha se pide una zonificación similar en su muy reciente ley contra la despoblación y para el desarrollo rural…
Pero el desafío empieza ya. El tren está en el andén, anuncia su salida y para cogerlo se demanda una agilidad de la que según algún punto de vista España ha adolecido en el pasado y sigue echando en falta en el presente. En el periodo financiero que termina (2014-2020), “España sólo ha gastado el cincuenta por ciento de sus fondos estructurales”, apunta Solís. Eso no significa que se hayan perdido, porque la UE da un margen de tres años más para la inversión, pero sí que se dificulta la gestión. De aquí en adelante esa mitad no gastada se suma a “los 70.000 millones de euros del plan de recuperación y a los fondos del periodo 2021-2027, aún pendientes del plan operativo. “Se solapan muchas líneas para gastar en poco tiempo” y “nuestra capacidad administrativa es la que es”, remarca. Puede haber un problema.
Ha hecho falta que la mancha de la despoblación y el envejecimiento que algunos conocen desde hace tiempo colonizase el continente –en el conjunto de la UE, en 2050, habrá dos personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años; en 2001, esa relación aún era de cuatro a uno–, pero el caso es que en la política europea que viene, la prioridad de la transición digital y la transición verde se completa expresamente con el interés por el “reto demográfico”, y ahí asoma evidentemente una oportunidad. “Por fin hay cómo financiar el reto demográfico”, enfatiza la europarlamentaria, y urge prestar atención. “Se necesita un plan coordinado que englobe servicios sociales, conectividad e incentivos a la vuelta del talento”, entre otros factores.
En toda la desatención y el desamparo que siente la España despoblada se cocina una “geografía del descontento” muy capaz de convertir, eso dice Susana Solís, el reto demográfico en un “reto democrático”. La eurodiputada toma la temperatura al entorno social en el que toman forma los planes de llevar la plataforma de la España vaciada a la arena política, un movimiento “muy legítimo” que anuncia un “riesgo real” de fragmentación representativa y que se asocia, en su opinión, a otros peligros: “Escuchar las legítimas reivindicaciones de estos territorios”, afirma, “no es sólo una cuestión de justicia social, sino también de calidad democrática. Si la población se siente alejada de la política, si siente que no tiene oportunidades, se acercará a los extremos”.
