Hizo “lo mejor” para su concejo dando de paso el geriátrico de Felechosa del Montepío de la Minería. El exalcalde de Aller Gabriel Pérez Villalta declaró en la mañana de este viernes en calidad de investigado por sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales dentro del llamado “caso Hulla”. Ante la magistrada Begoña Fernández alegó que siempre hizo lo que creía que era mejor para el municipio.
Ante la prensa, prefirió no pronunciarse sobre los hechos por los que este viernes tuvo que comparecer y dentro de la sala sólo contestó a las preguntas formuladas por su abogado defensor Luis Tuero para reiterar que los intereses del municipio siempre prevalecieron en su actuación. Contestar a las del ministerio público quizá le hubiesen puesto en aprietos.
La titular del Juzgado número 3 de Oviedo investiga al exalcalde por sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales después de que la Audiencia Provincial acordara, el pasado mes de octubre, dejar sin efecto la denegación de su imputación por el segundo de los delitos señalados.
La sección segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, estimó parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra un auto de la jueza instructora que sólo consideraba que Pérez Villalta debía responder por su presunta responsabilidad únicamente en el delito de prevaricación
Por el contrario, la Audiencia en su resolución acordó que el exalcalde compareciese en la sede judicial por su presunta autoría en un delito de prevaricación sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) realizada por el Ayuntamiento de Aller y el desarrollo de las obras sin licencia en la residencia La Minería, en Felechosa, construida por el Montepío con fondos mineros.
El “caso Hulla” fue abierto para aclarar el origen del enriquecimiento del exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa –1,2 millones de euros legalizados en 2014–, y su mano derecha, presidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, que regularizó 360.000 euros. La Fiscalía considera que ese dinero procede de la subvención para el geriátrico.
