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La gestión de los fondos de la UE obliga a aplazar permisos pendientes de los funcionarios

El Principado permite que los días de 2021 se disfruten hasta marzo y las vacaciones hasta junio para evitar tensiones en el cierre del año

Edificio de consejerías del Principado en Llamaquique, en Oviedo.

El incremento de la carga de trabajo asociada a la tramitación de los fondos europeos de recuperación, prueba de fuego para la eficacia y la resistencia de las estructuras de la administración pública asturiana, ha obligado al Principado a tomar precauciones contra eventuales carencias de personal en las últimas semanas de diciembre y a alargar el periodo de disfrute de los días de permiso por asuntos propios y vacaciones que les queden pendientes a los trabajadores. La Dirección General de Función Pública ha hecho llegar a sus empleados una comunicación en la que admite que los permisos correspondientes a 2021 puedan ser concedidos hasta el 31 de marzo del próximo año. La nota interna, fechada el pasado día 25 de noviembre, justifica expresamente la medida en la necesidad de hacer frente a la tarea extraordinaria vinculada a los procesos de gestión de las ayudas Next Generation, “que exigen el cumplimiento de diferentes hitos antes de que finalice el presente año”.

En condiciones normales, estos días de asuntos propios deberían agotarse antes del 31 de enero del ejercicio siguiente, pero la previsión de un fin de año particularmente intenso ha llevado a la administración a hacer uso de la prerrogativa que le faculta para ampliar ese plazo hasta el primer trimestre “si por necesidades del servicio, debidamente motivadas, no pudiesen disfrutarse” en el periodo programado. Adicionalmente, y con una argumentación similar, “se considera que existe justificación suficiente” para permitir que los días de vacaciones que queden pendientes se disfruten durante el primer semestre de 2022, hasta junio, previo acuerdo “individualizado con cada empleado público” y siempre que se trate de puestos con “relación directa con la prestación de servicios públicos vinculados a las medidas derivadas de la crisis sanitaria o que desarrollen tareas necesarias para impulsar expedientes vinculados a los fondos Next Generation EU”.

Estos cambios son precauciones contra la posibilidad de que la agitada recta final del año se venga encima sin el personal suficiente en un entramado administrativo tensionado hasta el extremo, primero por la tramitación de las ayudas concedidas a los sectores afectados por la pandemia y después por la exigente y compleja gestión de los expedientes de fondos europeos. Por esta y otras razones, entre las que cita los meses de 2021 en los que se mantuvo el Estado de Alarma, la comunicación de Función Pública a sus trabajadores constata dificultades para encajar los descansos del personal y comprueba que a punto de finalizar el año “son numerosos los empleados públicos que por necesidades del servicio aún no han disfrutado de la totalidad de sus vacaciones ni de todos los días de permiso por asuntos particulares”.

Refuerzos de plantilla

No es la primera vez que el Principado se ve obligado a tomar medidas extraordinarias para cubrir en tiempo y forma la inflación de tarea que han generado la pandemia y el anuncio de la llegada de los recursos del mecanismo europeo de recuperación. De hecho, el Gobierno regional ha diseñado un programa de contratación temporal, a tres años, de trabajadores de refuerzo, sobre todo de profesionales expertos en contratación o en evaluaciones medioambientales, y el vicepresidente y consejero competente en función pública, Juan Cofiño, ha reconocido cada vez que ha tenido ocasión que la plantilla de empleados a su servicio está “mal diseñada”, que “sobran trabajadores en unas categorías y faltan en otras”. A eso se ha sumado una carga de trabajo insólita, con la obligación de tramitar miles de expedientes más de los que la estructura administrativa asturiana estaba preparada para gestionar, entre los ERTE y ayudas compensatorias, y una regulación que impone demasiadas trabas burocráticas al procedimiento, razón que ha motivado la ley de simplificación recién aprobada en la Junta.

En plena campaña de gestión de los fondos europeos, por lo demás, el Principado ha perdido también al interventor general, José Manuel Senén Casal Iglesias, que ha presentado su dimisión tras pasar únicamente algo más de un año en el cargo. El cese, adelantado la pasada semana por LA NUEVA ESPAÑA, desató todo tipo de especulaciones y peticiones de explicaciones al Gobierno del Principado.

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