Sogepsa vuelve a ser un quebradero de cabeza para el Gobierno del Principado. En su informe sobre el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2022, los servicios jurídicos de la Junta General cuestionan la autorización al Consejo de Gobierno para realizar los actos jurídicos necesarios para adquirir una posición mayoritaria en la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo, S. A., incluida en una disposición adicional. Sostienen que esa autorización es contraria a la legislación vigente: sería dar un cheque en blanco al Gobierno autonómico.
El letrado de la Junta, Marco Fernández Gutiérrez, resalta que la ley exige la participación del Parlamento asturiano en actuaciones como la que ahora pretende acometer el Ejecutivo de Adrián Barbón con Sogepsa. Explica que tanto la Ley de Patrimonio como el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario distinguen claramente entre la “constitución, modificación, absorción, segregación, fusión o supresión de empresas públicas” y los “actos de adquisición o pérdida de posición mayoritaria”, como ocurre en la propuesta gubernamental para Sogepsa. Hay, por lo tanto, “consecuencias jurídicas distintas para uno y otro supuesto”.
Para adquisición o pérdida de posición mayoritaria, como ahora se propone para Sogepsa, la ley exige que el objeto de la autorización sea “una concreta y formalizada actuación de la Administración”.
Así que la Junta General no debe manifestarse en este caso únicamente sobre el fin a lograr, relativo a la participación societaria mayoritaria, sino que también debe hacerlo “sobre los medios a emplear; es decir, las particulares condiciones económicas y jurídicas en las que se llevará a cabo la operación mercantil”. Dicho de otro modo: el Gobierno del Principado no solo está obligado a decir qué pretende hacer con Sogepsa, sino a detallar cómo lo hará. Porque lo contrario supondría “vaciar de contenido la reserva de ley, tanto en su vertiente cuantitativa como cualitativa, pues sería aceptar que la autorización es una mera deslegalización y una habilitación en blanco a la Administración”, apunta el letrado de la Junta General.
Hay precedentes en la Cámara de actuaciones similares, pero en todos los casos relacionados con la constitución, modificación, absorción, segregación, fusión o supresión de empresas públicas, no a actos de adquisición o pérdida de una posición mayoritaria, como ahora se persigue con Sogepsa.
También hubo en 2004 un intento gubernamental de lograr una posición mayoritaria en Sogepsa, pero la disposición adicional que autorizaba la operación no fue finalmente incorporada en la Ley aprobada. Además, en aquella ocasión sí se concretaba en el expediente la operación mercantil deseada: la adquisición de las acciones privadas de Sogepsa, tras la búsqueda de un acuerdo con los socios privados para que el coste de la adquisición fuera simbólico.
La conclusión del jurista es meridiana: la autorización planteada en el Presupuesto es “prematura” y “pretempestiva”, al no conocerse todavía “las particulares condiciones económicas y jurídicas de la operación mercantil pretendida”.
