Los sindicatos de enseñanza no han quedado satisfechos plenamente con las medidas establecidas por la Consejería de Educación para la vuelta a clase el próximo 10 de enero. El sindicato ANPE (el único que rechazó la propuesta frente a la abstención del resto de sindicatos) cree que la Consejería “no aborda las cuestiones fundamentales planteadas por el profesorado”. Comisiones Obreras, por su parte aplaude que se fije que las reuniones del profesorado se vuelvan a celebrar de forma telemática, pero cree que la medida más eficaz para luchar contra el covid-19 en las aulas es reducir la ratio de estudiantes por grupo, “una propuesta que no ha sido asumida por la Consejería”, refiere el sindicato. UGT ve bien la presencialidad pero demanda criterios claros sobre cuestiones como la ventilación o las situaciones de confinamiento. El sindicato Suatea señala que al no reforzarse las medidas de seguridad en las aulas, el regreso de los estudiantes no se lleva a cabo “con la debida seguridad”.
ANPE ha mostrado su apoyo a una educación “presencial y segura”, pero ha remarcado que para ello “hay que tomar medidas eficaces en un momento en el que la pandemia está disparada, con una variante altamente transmisible, como evidencian las cifras de Salud sobre contagios de alumnos y docentes”.
Una de las principales preocupaciones de ANPE es el sistema para cubrir las posibles bajas de docentes contagiados, por lo que ha pedido dos convocatorias semanales de sustituciones por parte de interinos.
Pero el mantenimiento de las ratios en las clases sigue siendo el principal motivo de queja. Así, los grupos de Bachillerato mantendrán la ratio por encima de 30 alumnos y en Educación Secundaria y Primaria se mantendrán en 25, pudiendo llegar a 27.
“El único criterio por el que se rechaza esta propuesta es estrictamente económico y no sanitario y seguimos exigiendo una presencialidad segura rectificando cuanto antes los recortes en la contratación de profesorado del pasado verano”, agregó CC OO.
Los sindicatos han pedido también más agilidad a la hora de realizar pruebas PCR a los profesores. “Tener previstas situaciones futuras complicadas que, ojalá, no se produzcan, forma parte de sus obligaciones; esa obligación no la han cumplido en este caso”, sostiene Suatea en referencia a la Consejería.
