Suscríbete

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

CC OO y CSIF plantan al Principado para urgir un decreto de contratación temporal

La anulación por el TSJA de la normativa, recurrida por los sindicatos, deja en inseguridad jurídica al personal relacionado con ceses desde 2020

Dos de los sindicatos mayoritarios en la administración del Principado, CC OO y CSIF, decidieron ayer levantarse de la mesa de negociación con el Gobierno autonómico en protesta por no negociar el nuevo decreto de contratación temporal del personal laboral, después de que los tribunales tumbasen en noviembre pasado el vigente desde febrero de 2020. Los representantes sindicales sostienen que esta situación se une a los “nulos avances” desde el inicio de la legislatura en las reivindicaciones, algunas históricas, de los funcionarios. El resto de sindicatos, UGT, USIPA-SAIF y FSES permanecieron en la reunión, aunque ninguno votó a favor de la propuesta de la dirección general de Función Pública: UGT y FSES se abstuvieron mientras que USIPA-SAIF votó en contra.

La mesa de negociación tenía previsto estudiar, a propuesta del Gobierno regional, posibles modificaciones parciales en una resolución sobre la contratación temporal de personal laboral del Principado, tras una sentencia que dio la razón a CSIF y CC OO y anuló el decreto de 2020. Pero estos dos sindicatos anunciaron, nada más comenzar la reunión, que de ahora en adelante no acudirán a ninguna mesa de negociación. El TSJA anuló a finales de noviembre el decreto de contratación temporal aprobado hace dos años por una cuestión formal, ya que pese a afectar a las condiciones de los trabajadores, el Principado no había comunicado su contenido a los sindicatos tras pasar por el tamiz del Consejo Consultivo.

Prelación en los ceses

Esa anulación del TSJA deja en el aire el sistema de ceses derivados de traslados y de ingreso de nuevo personal (si debían dejar el puesto los empleados más recientes, como se reguló desde 2020, o los más antiguos, como rigió entre 2004 y 2019) y la formación de las bolsas de empleo. Aunque inicialmente el Gobierno había anunciado su intención de recurrir, finalmente no lo hizo, tras el asesoramiento de sus servicios jurídicos. Ante esta situación compleja, ya que no hay jurisprudencia sobre los efectos jurídicos que pueda tener la nulidad del decreto de 2020, la dirección de Función Pública pretendía introducir cambios parciales en la anterior resolución, la de 2004, que vuelve a estar vigente, para corregir las situaciones más apremiantes, como el orden en los ceses, y luego abordar un nuevo decreto sobre contratación temporal. El Ejecutivo “continuará negociando” para adaptar la resolución de 2004 “lo más posible a la situación actual” y trabajará en la elaboración de un nuevo decreto.

La anulación del decreto de 2020 “deja en una situación de inseguridad jurídica a muchos trabajadores de la Administración asturiana, por eso urge negociar uno nuevo”, destacó Beatriz Aller, de CSIF, tras anunciar que su sindicato, como medida de presión, tampoco acudirá a la reunión convocada para tratar las retribuciones de los funcionarios en 2022. “Ha llegado el momento de plantarse, a la Administración no se le ocurre otra cosa que recuperar el decreto de 2004, sin hablarlo antes con los sindicatos y cuya seguridad jurídica también es cuestionable después de que hayan pasado 17 años de su promulgación”, afirmó Marcos Rodríguez, responsable de CC OO.

CSIF y CC OO explican que “se niegan a reconocer el mal parche propuesto por la administración en lugar de una negociación de pleno derecho sobre el ámbito del empleo temporal. No volveremos a la mesa general de negociación hasta que se inicie ese proceso”, al tiempo que animar al resto de sindicatos a sumarse a su postura.

Marisol Gómez, de UGT, explica que, aún admitiendo que el Principado vulneró la negociación colectiva por no llevar a la mesa el decreto de 2020 que salió del Consejo Consultivo, “nuestra prioridad es negociar uno nuevo, porque hay muchos trabajadores afectados por la anulación del anterior. Nosotros ni recurrimos ni nos levantamos de la mesa, queremos negociar”. Por su parte, José Luis González, de USIPA-SAIF, aseguró que seguirán en la mesa de negociación “por responsabilidad y para exigir un nuevo decreto, que corrija las lagunas existentes” y justificó el voto contrario a la propuesta provisional por ser “un mal apaño”. González reclamó a Función Pública que defina “de una manera clara y sin ambigüedades el concepto de unidad administrativa en los artículos referentes a la prelación en los ceses”.

Tanto UGT como USIPA-SAIF y FSES (en el que están organizaciones del ámbito sanitario como el SIMPA) acudirán a la reunión de la mesa sobre las retribuciones de 2022 convocada para este lunes.

Compartir el artículo

stats