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La Fiscalía rechaza que el presidente de Otea estafase a su madre

La mujer se querelló contra Almeida y el padre de este por una pérdida de un millón de euros

La Fiscalía ha solicitado al Juzgado número 2 de Oviedo el sobreseimiento libre de las diligencias previas abiertas contra el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, y el padre de este, al considerar que, dado su parentesco con la querellante en el momento de la supuesta comisión de los hechos, estarían exentos de responsabilidad criminal. Únicamente cabría acudir a la jurisdicción civil para dirimir posibles responsabilidades, si es que existieran. La mujer, María Paz Almeida, imputaba a su hijo y a su exmarido la realización de maniobras irregulares durante diez años para causar una pérdida patrimonial a ella y a sus otros dos hijos de un millón de euros.

La querellante sostenía además que los dos hosteleros idearon “este despojo patrimonial” para enriquecerse a costa del caudal familiar y bajo esa apariencia de negocios válidos encubrieron toda una suerte de “arteras maniobras tejidas pausadamente” para dejarla a ella y a sus otros hijos sin patrimonio y sin herencia. Añadía además que había sido desalojada de la vivienda familiar y que ahora vive con un hijo.

En su informe enviado al Juzgado, el fiscal interesa que se acuerde el sobreseimiento libre de las actuaciones puesto que concurre la excusa absolutoria de parentesco, que establece que “están exentos de responsabilidad criminal, y sujetos únicamente a la civil, los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos (...) siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima”.

El vínculo matrimonial estuvo vigente hasta el 27 de marzo de 2019, fecha de la sentencia de divorcio. En la querella se imputan delitos de estafa y administración desleal o apropiación indebida, delitos en los que no concurre violencia o intimidación, ni tampoco abuso de vulnerabilidad por edad o por discapacidad. Los hechos imputados en la querella habrían tenido lugar entre los años 2010 a 2017 y, por tanto, durante el matrimonio.

En consecuencia, los investigados, dado su parentesco con la querellante en el momento de la supuesta comisión de los hechos, estarían exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de las acciones civiles que pudieran corresponder a la querellante.

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