El “plan Marshall” del Gobierno central de apoyo a la solvencia de empresas y autónomos perjudicadas por la crisis económica derivada del coronavirus se queda definitivamente a medias en Asturias. El Principado tendrá que devolver al Estado una cantidad que ronda, aproximadamente, los 57 millones de 107,7 que había asignado inicialmente a la comunidad autónoma de Asturias dentro de un fondo covid dotado con 7.000 millones de euros para el conjunto del país, según confirmaron fuentes autonómicas. La dificultad de cumplir los requisitos fijados por Ministerio de Hacienda, unido a una tramitación con plazos de tiempo muy ajustados para formalizar las solicitudes, han propiciado una demanda bastante baja en la región: unas 6.000 solicitudes de las que se ha dado luz verde a alrededor de 5.300. El bajo volumen de solicitudes para las ayudas estatales contrasta con la alta demanda de las subvenciones autonómicas, unas 30.000 a lo largo de 2021.
El balance de las ayudas estatales a la solvencia empresarial ha confirmado los temores y las advertencias realizadas desde ámbitos tan distintos como la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), colectivos de autónomos, asociaciones profesionales y responsables de gestorías acerca de la dificultad que entrañaba cumplir los requisitos fijados por el Ministerio de Hacienda. El cómputo de las ayudas concedidas hasta ahora por el Principado con cargo a ese fondo estatal asciende a 47 millones de euros, aunque todavía están pendientes de respuesta algunas solicitudes y la contestación a algunos recursos presentados por las empresas y los autónomos. La estimación del Principado es que finalmente esas ayudas puedan rondar los 50 millones de los 107,7 que el Estado había asignado en un principio a Asturias.
El motivo de esa elevada devolución, una situación a la que también se verán obligadas otras comunidades autónomas, es la baja demanda registrada por parte de empresas y autónomos. De hecho, el Principado, que en estas ayudas a la solvencia empresarial se limitaba a realizar la función de “ventanilla”, consistente en recoger las solicitudes y documentación y realizar los pagos así como comunicar las denegaciones, movió ficha para que se abriera el abanico de poder optar a esas estas subvenciones estatales. “En la última de las convocatorias se notó que se abrió la mano y se aumentó el número de actividades que podían optar a estas ayudas, permitiéndose por primera vez incorporar los costes fijos; hasta entonces, las condiciones habían sido mucho más restrictivas”, explicó a LA NUEVA ESPAÑA el responsable de una de las asesorías asturianas que han formalizado solicitudes para este fondo estatal. De hecho, uno de los colectivos que pudo entrar en la última tanda de ayudas, la aprobada por el Principado el pasado 30 de diciembre, fue la de los transportistas.
También Otea, la patronal de hostelería y turismo en Asturias, alertó de alguna razones que justificaban el elevado remanente del fondo estatal por el escaso volumen de solicitudes, tales como la exigencia de que el volumen de facturación tuviera que bajar más de un 30 por ciento respecto a 2019, la falta de una definición clara sobre la consideración de lo que eran costes fijos susceptibles de optar a estas ayudas; la exclusión de empresas que hubieran tenido pérdidas en el año anterior al inicio de la pandemia o el calendario al que debían ajustarse las deudas y los pagos a proveedores y acreedores para concurrir a estas ayudas.
Ignacio García, presidente de la asociación de autónomos CEAT, ligada a la patronal asturiana FADE, también señalaba recientemente a LA NUEVA ESPAÑA que se trataba de “un fracaso anunciado” y aportaba datos: el 35 por ciento de las solicitudes se denegaron porque los negocios tenían alguna deuda con Hacienda o con la Seguridad Social mientras que el 18 por ciento fueron desestimadas por haber tenido pérdidas en el ejercicio anterior al estallido de la pandemia, en 2019. Ignacio García aseguraba hace apenas tres semanas que la complejidad de los requisitos de este fondo estatal provocó que estas ayudas fueran solicitadas por un 20 por ciento de quienes lo necesitan, mientras que Patricia Oreña, presidenta de ATA, otra de las asociaciones de autónomas, avisaba que “al final, el Principado va a tener que devolver la mayor parte del dinero que le correspondía del fondo estatal”. Finalmente, el fiasco de estas ayudas, notable aunque algo menor de lo temido, se ha consumado.
El fondo autonómico
Las apenas 6.000 solicitudes registradas en Asturias para el fondo de solvencia empresarial estatal contrastan con las más de 30.000 formalizadas para el fondo covid autonómico, dotado inicialmente con 100 millones de euros en el Presupuesto del Principado para 2021. Este fondo fue la medida estrella de las cuentas autonómicas del pasado ejercicio. Tuvo una primera tanda de subvenciones a 16.175 autónomos y pymes, por un importe de 49 millones, seguida de otra convocatoria específica al ocio nocturno, por 5,8 millones y la última, para otras 21.970 subvenciones, por un montante de 53,6 millones de euros. En total, el fondo de rescate autonómico, que tenía un carácter ampliable, ascendió a 109,2 millones de euros, con cargo al programa europeo REACT-EU.
