La reforma de la ley de Ciencia que lidera la ministra Diana Morant es “prometedora”, “mejora la carrera investigadora” y allana el terreno a Asturias para diseñar su propia normativa autonómica. Así lo expresan a LA NUEVA ESPAÑA el Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. Ambos se muestran satisfechos con el borrador del texto, que se encuentra en audiencia pública y que contiene como principal objetivo mejorar las condiciones de trabajo de los científicos más jóvenes. En este sentido, la norma crea, como novedad, el contrato indefinido, lo cual permitirá reducir la precariedad, ya que en la actualidad muchos investigadores y técnicos encadenan contratos temporales durante años e, incluso, décadas.
“Esto es importante. Además, el contrato indefinido no estará sujeto a la tasa de reposición, sino que solo quedará condicionado a que el grupo de investigación tenga financiación externa o competitiva. Es decir, ¿tienen dinero? Pues podrán contratar al personal que quieran. Esto parece lógico, pero hasta ahora no era así”, explica el consejero Borja Sánchez, que repasa las principales modificaciones de la reforma –son en total 53 más disposiciones adicionales–. El titular autonómico de Ciencia asegura que la norma de Diana Morant –ya iniciada por su antecesor, Pedro Duque– le permitirá al Principado “adelantar meses” en el diseño de su propia ley. Tal y como adelantó Sánchez en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, la intención del Ejecutivo es tener el anteproyecto este mismo año. “La reforma nacional lo que nos marca es una hoja de ruta, hacia dónde debemos orientar los tres pilares que contemplará nuestro texto: el sistema científico- tecnológico, el plan de financiación, y el impulso a la I+D y a la transferencia de tecnología”, comenta.
La nueva ley del Ministerio, que viene a modificar la anterior, del año 2011, “flexibiliza”, como dice el rector, Ignacio Villaverde, “las figuras contractuales que podemos utilizar las instituciones académicas públicas”. Lo que supone a sus ojos un gran paso, ya que ahora “era todo muy incierto y nos generaba problemas”. Por ejemplo, la reforma creará un nuevo contrato de acceso al sistema público de I+D+i, que durará de tres a seis años, y sus beneficiarios tendrán derecho a indemnización, algo que no se daba antes. En este punto, el Consejero destaca que los predoctorales también serán indemnizados cuando se les acabe el contrato, de forma que los investigadores que están haciendo una tesis “tendrán los mismo derechos” que el resto, situados en escalones superiores.
Por otro lado, el anteproyecto de ley define la nueva carrera para el personal técnico y clarifica la figura de “investigador distinguido”, ya prevista en la norma de 2011. “Se dice que el investigador distinguido está contemplado para atraer a científicos de prestigio, que dirijan laboratorios o centros. Y prevé incluso que la duración de los contratos sea de seis años. Esto nos da flexibilidad para rediseñar nuestros programas de atracción de talento”, comenta Borja Sánchez. De hecho, la futura Agencia de Ciencia Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, que absorberá al Idepa, contempla esta misma figura en su texto. Para el Rector, “la estabilización y la clarificación de las carreras académicas, sobre todo en sus primeros estadíos, es importantísima”. “Esto nos permitirá rejuvenecer nuestras plantillas”, afirma Villaverde.
El papel del sector privado
La modificación de la norma también trata de reducir las trabas burocráticas existentes hoy en día en los laboratorios, que complican la compra de algo tan nimio, como un bolígrafo. Por otro lado, pone el foco en potenciar la contribución del sector privado a la investigación. “Se habla, por ejemplo, de la compra pública innovadora, que nosotros ya tenemos prevista este año, con el despliegue de la industria aeroespacial y el desarrollo de tecnología necesaria (por parte de empresas) para poner en órbita un nanosatélite. Esto, creemos, que tiene que ser algo general. Al menos en los ámbitos de la estrategia de especialización inteligente S3 deberíamos tener programas de compra pública”, defiende el titular de Ciencia. Asimismo, remarca, el texto contempla la posibilidad de crear “sandbox”; es decir, “entornos regulatorios donde se puedan probar tecnologías disruptivas”. “Se trata de agilizar los trámites para que se puedan hacer proyectos piloto. Y en Asturias nos gustaría establecer algún entorno de este tipo, aunque eso conllevará cambiar normativa autonómica y municipal”, avanza.
Otro eje de la reforma es la igualdad de género. Así, recoge iniciativas como que los tribunales de evaluación sean paritarios o que las instituciones desarrollen sus propios planes de igualdad. “Nosotros en este campo ya hemos avanzado. Por ejemplo, con la convocatoria de ayudas ‘grupines’, en la que se ha logrado que casi la mitad de los investigadores principales sean mujeres”, remata Borja Sánchez.
