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“Estamos vendidos”, dicen los propietarios ante las restricciones que planea Costas

El PP teme que las limitaciones de uso y edificación y la ampliación del dominio público afecten a negocios agroalimentarios vinculados al mar

Paseo de la playa de Santa Marina, en Ribadesella. | Ángel González

El borrador del nuevo Reglamento General de Costas que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico preocupa a grupos políticos de la oposición e incluso a vecinos de Asturias, que se pueden ver afectados por lo que incluye el texto, que ya está en periodo de información pública, y que es mucho más restrictivo que el anterior, que data de 2014. Uno de los aspectos que preocupan es la posibilidad que se reserva la Administración de hacer una revisión de los deslindes realizados previamente, “cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-terrestre”.

Javier Brea, diputado autonómico del PP, asegura que su partido ve “con enorme preocupación la modificación del reglamento del 2014 de la ley de Costas que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica”. Lo que más preocupa a la formación conservadora es el apartado en el que “se contempla limitar las concesiones de costas a 75 años y con la intención de que sea retroactivo”. Brea se refiere al párrafo que aparece en el preámbulo del borrador y en el que se señala que este real decreto “establece como plazo máximo de duración de las concesiones sobre el dominio público marítimo terrestre de 75 años, y que ese plazo máximo incluye tanto el inicial como todas sus posibles prórrogas”.

En opinión del PP esta norma “pondría en riesgo la continuidad de edificaciones ya existentes, negocios e infinidad de pequeñas industrias del sector primario y agroalimentario”. Entre estos últimos citan “depuradoras de mariscos, industria conservera y toda la cadena mar-industria”. Un daño que puede afectar a lo que ya existe y a futuros proyectos: “Además de acabar con lo que ya existe y da empleo a las localidades costeras, desalentaría cualquier posible inversión futura”, añade Brea. Para el diputado autonómico del PP se trata de un nuevo “sinsentido” de Teresa Ribera, ministra de la Transición Ecológica, a la que califica como “la más radical de este Gobierno”. Para Brea da la sensación de que la “obsesión” de Ribera es “acabar con cualquier oportunidad de futuro para el sector primario”.

Alguien que sabe lo que es pelear contra la ley de Costas es Francisco Elías Pando, vecino de Ribadesella que presidió durante los años 90 del pasado siglo la Asociación Aridel, en torno a la que se unieron los vecinos de la localidad del oriente asturiano cuando se quiso imponer la ley de Costas de 1988 a esta localidad. En esa ocasión, rememora Elías Pando, “media Ribadesella estaba afectada, la parte izquierda de la ría eran todo marismas que hacía más de un siglo que se rellenaron y nos decían que había sido una apropiación indebida”. El asunto, rememora Elías Pando, “fue una revolución” porque “Costas pretendía que los terrenos eran suyos”.

Todo aquello se pudo solucionar y parece difícil que pasado todo este tiempo se vaya a volver a vivir algo parecido. A pesar de todo, tras revisar el nuevo reglamento que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica, se queda con la duda de si no tendrán que volver a consultar con abogados para defender sus propiedades. “Esta ley es más exhaustiva todavía que la de 1988”, explica Elías Pando, que asegura que “tiene mucha tela”. “Leyendo esto puede pasar desde que nos tiren la casa hasta que lo dejen pasar todo”, sostiene. Y es que una de las cosas que más molestan a este vecino de Ribadesella es “la arbitrariedad” que tiene esta y todas las normas de Costas que se han elaborado en España.

Las claves


  1. Las concesiones, de 75 años. La nueva norma establece como plazo máximo de duración de las concesiones del dominio público marítimo-terrestre 75 años, incluidas prórrogas.
  2. Los deslindes se pueden revisar. La Administración contempla revisar los deslindes cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-terrestre. 
  3. Hasta donde lleguen las olas. El dominio público llega hasta el máximo nivel que alcance una ola y en la actual norma ese límite debe repetirse cinco veces en un lustro para hacerse el deslinde.

“Todo queda a criterio de la Administración, estamos vendidos”, dice Elías Pando. El riosellano se refiera al tercer párrafo del borrador, en el que se especifica que “el otorgamiento de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre y sus prórrogas tiene carácter potestativo para la Administración”. Y especialmente le preocupa lo que sigue: “La Administración revisará caso por caso las solicitudes que se presenten”. En su opinión, eso supone quedar “en manos de la Administración incluso por encima de la ley”. “Si quieren actuar, pueden”, añade. Lo que le hace “temblar” a Elías Pando es cuando lee que esta nueva norma “deja abierta la posibilidad de revisión del deslinde”. “Y si ahora dicen que lo que antes estaba bien ahora está mal”, añade. Todo ello le hace concluir que “si se rubrica tal y como está no sé si tendremos que acudir a abogados”.

Entre los aspectos que introduce esta norma y que pueden afectar a edificaciones de localidades como Ribadesella están que el futuro reglamento persigue que el dominio público –el más restrictivo en cuanto a usos y cuya ocupación la concede el Estado mediante una concesión– llegue tierra adentro hasta el máximo nivel que alcance una ola. En la actual norma se establece un sistema de medición por el que ese límite debía repetirse al menos cinco veces en un lustro para poder hacer ese deslinde, lo que restringía las posibilidades de ganar terreno.

El otro criterio que cambia y que puede afectar a las costas asturiana, en este caso no tanto a la Ribadesella, es el que dice que se incluirá casi cualquier duna –formación de arena– como perteneciente al dominio público marítimo terrestre, estén o no fijas por vegetación. En la norma que está aún vigente hay una serie de excepciones que desaparecen.

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