El borrador del nuevo Reglamento General de Costas que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democracia (MITECO) persigue, según afirman fuentes ministeriales, adaptarse al “escenario presente y futuro de cambio climático al que se enfrenta la franja costera que es, de largo, la parte del territorio nacional sometida a los peores impactos del calentamiento global”. Por esta razón, explican estas mismas fuentes, se recupera uno de los apartados que ya se había recogido en la norma de 1989, que fue posteriormente modificado, en el que se establece el alcance del dominio público marítimo-terrestre “hasta el máximo nivel que alcance una ola”.
También advierten desde el Ministerio de que la norma está aún en fase de estudio de las alegaciones presentadas durante el proceso de información pública y que se incorporarán “todas aquellas sugerencias y modificaciones que mejoren el texto”. Insisten, además, en que la norma que salga a la luz será “clave para la aplicación de la nueva legislación de costas y para facilitar la adaptación de nuestro litoral a los efectos del cambio climático” y también para “garantizar sus valores naturales y ambientales, y el uso y disfrute público por parte de todos los ciudadanos”.
Estas mismas fuentes ministeriales desmienten las afirmaciones que hizo el diputado asturiano del Partido Popular Javier Brea a LA NUEVA ESPAÑA en las que señalaba que la limitación de las concesiones de costas tendrá un efecto “retroactivo”: “El límite de 75 años estaba igualmente en la ley de Costas de 1988 y en la de 2013, no ha cambiado, y en cuanto a lo de la retroactividad es directamente falso”, señalan. Estas mismas fuentes consideran “carentes de fundamento” las afirmaciones de Brea en las que asegura que esta nueva norma “pone en peligro la continuidad de negocios y edificaciones, o desalentará inversiones futuras”. Y es que, añaden, “es algo que no ha sucedido desde la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático, que es la que desarrolló el Reglamento de ámbito costero”.
El Ministerio también puntualiza que los deslindes del dominio público marítimo-terrestre “están siempre sujetos a revisión, de manera fundamentada, cuando cambian las circunstancias, sean físicas, ambientales o de interés público”. Algo que se contempla en esta norma que se está preparando y que no se ha modificado ni en la Ley de 1988, ni en el reglamento de 1989 y que está “igualmente contemplado en la Ley de Costas que reformó el PP en 2013 y el consiguiente reglamento de 2014”.
La publicación del borrador que ha elaborado Transición Ecológica para establecer una nueva norma de Costas inquieta a algunos vecinos de localidades costeras del Principado de Asturias que tienen sus casas en zonas cerca de la ribera. En el caso de Ribadesella, la aplicación de la Ley de 1988 tuvo una enorme respuesta social por parte de los vecinos de la localidad.
