El optimismo de Ana Cárcaba, la consejera de Hacienda del Gobierno autonómico, se ve reforzado por un hecho nada habitual en la historia del Principado: haber sacado adelante tres Presupuestos de forma consecutiva sin contar con mayoría absoluta. No cuelga la medalla al Gobierno regional, sino a los partidos que han votado a favor de las cuentas. Prevé un 2022 “ilusionante” y quiere ser cauta pero también “clara” ante la exigencia de rebajas fiscales para reformar el Estatuto de Autonomía.
–¿Qué le parece a la consejera de Hacienda que la rebaja de impuestos sea una cuestión vertebral en el debate sobre la oficialidad del asturiano?
–Como integrante del Gobierno, mantengo una postura siempre discreta y de respeto a la negociación para intentar favorecer el entendimiento. Se trata de una negociación de los grupos políticos y el protagonismo debe ser suyo. Ahora bien, el Gobierno y la consejería de Hacienda tienen una postura clara acerca de todos los temas y más sobre la fiscalidad. Siempre he sido muy clara en lo que opino sobre los posibles cambios del sistema fiscal.
–¿Cuál es su postura sobre la exigencia inicial de Foro y la contraoferta posterior de Podemos?
–Cualquier propuesta que implique reducción de impuestos y minorar los ingresos tributarios significa una merma de recursos.
–La Federación Socialista cifra el impacto de esa rebaja fiscal para la oficialidad en 35 millones. ¿Es asumible?
–Hay una pérdida de recursos muy importante y, sin embargo, quienes realizan las propuestas no acompañan sus palabras con una explicación de los efectos. Tenemos que ser claros con los ciudadanos cuando planteamos algún cambio fiscal. Hay que tratarlos como adultos y explicarles los efectos de esa rebaja fiscal.
–¿Y qué efectos tendría?
–Una merma en torno a los 35 millones de recursos todos los años implicará un efecto claro en la prestación de los servicios públicos, un efecto claro en la paralización de determinadas inversiones o parar la tramitación de grandes proyectos que ahora podríamos tener sobre la mesa. Implicaría también recortes para algunas actuaciones.
–¿Tanto mengua al margen económico del Principado?
–Es evidente, contar con menos recursos significa poder hacer frente a menos gastos y, sobre todo, con una cuantía tan elevada. Cuando se habla de 35 millones menos todos los años, hay que ser serios y explicar a la ciudadanía todo. Quiero subrayar que cualquier cambio en la tributación afecta no solo al ejercicio en el que se adopta la medida, sino a los años sucesivos. No podemos decirle al ciudadano que bajamos los impuestos y contamos con menos ingresos y que no va a repercutir para nada en los servicios, inversiones y proyectos de la Administración regional.
–Hay voces que cifran el coste de la oficialidad, rebajas fiscales al margen, en 70 millones anuales para las arcas autonómicas. ¿Maneja el Gobierno algún estudio o cálculo de la cuantía económica que supondría al Principado esa medida?
–No contamos con ningún informe, en absoluto. Y no contamos con ese estudio porque, sobre todo, no sabemos cuál es el modelo de oficialidad que puede resultar de esta negociación. Es imposible, sin conocer el modelo, saber si tendrá o no un efecto económico y poder medirlo.
–El Principado va a contar en 2022 con un nuevo Presupuesto. ¿Será el año de la recuperación?
–El efecto de tener un Presupuesto frente a no tenerlo es muy importante y este año era muy importante contar con nuevas cuentas porque es el del desarrollo de los fondos europeos, el ejercicio en el que vamos a poner en marcha multitud de proyectos, actuaciones e inversiones relacionadas con el Mecanismo de Recuperación. Tener unas nuevas cuentas permite movilizar con la mayor agilidad posible y rapidez esos recursos; sin ellas también lo haríamos, pero de una manera más lenta y menos efectiva. Si queremos que los recursos capilaricen a la sociedad, contar con un Presupuesto es fundamental y una gran noticia. No atribuyo el mérito al Gobierno, sino a los partidos políticos que se han mostrado responsables ante la necesidad de que el Principado tenga unas cuentas aprobadas.
–La patronal y la oposición han criticado la tardanza en ejecutar los Presupuestos de esta legislatura. ¿Algo que alegar?
–Este ejecutivo apenas tuvo medio año de legislatura normal porque llegamos a mediados de 2019 y en marzo de 2020 teníamos una pandemia, con una crisis sanitaria mundial que se transformó en una crisis económica. Esta administración tuvo que afrontar esta crisis e intentar continuar con su actividad ordinaria. Es lógico que no solo esta administración, sino todas, se hayan visto tensionadas. En cualquier caso, los centros gestores han hecho el máximo posible para tratar de sacar adelante todos los asuntos sobre su mesa.
–La FADE se quejó al analizar las cuentas para este año que en los últimos cuatro ejercicios se han dejado de invertir mas de 340 millones y que el nivel de ejecución está en el 76%. ¿A qué se debe?
–Yo no hablaría todavía de baja ejecución en 2021 hasta ver las cifras. Estamos haciendo el cierre contable y quiero ver las cifras para analizarlas con calma. El año pasado tramitamos más de 44.000 ayudas covid, entre las del fondo autonómico y la convocatoria estatales de solvencia empresarial. Y hablo de las concedidas, a las que hay que añadir las que se pidieron y fueron denegadas pero que fue necesario revisar y analizar. Todo eso hubo que hacerlo a la par que tramitar el resto de expedientes. A la hora de juzgar los números hay que tener en cuenta que hemos convivido con una pandemia
–¿Y qué pasa con ese dinero? ¿Se ejecutará más adelante?
–Los Presupuestos son anuales y las previsiones corresponden a un ejercicio económico. Hay actuaciones de carácter plurianual por las que probablemente tengamos que hacer frente a una ejecución más fuerte en años posteriores y otras que se incorporan a través de financiación afectada y por lo tanto habrá cuantías que no se hicieron en un ejercicio pero se harán al siguiente. Es dinámica presupuestaria
–¿Entonces ese dinero, al final, llegará a la economía regional para generar actividad?
–Vamos a tener un año con mucha actividad y con un nivel de ejecución realmente elevado. Este año vamos a poner en marcha los proyectos vinculados al_mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
–El vicepresidente Juan Cofiño ha atribuido al menos parte de esa lentitud a las rigideces de ley de Contratos. ¿Comparte esa valoración?
–Sin duda. Es verdad que la ley de Contratos es muy garantista e incluye un volumen de exigen bastantes importante. Digamos que no viene a aliviar la tramitación, por decirlo suavemente. Y es un problema que, entiendo, compartimos todas las administraciones.
–¿Convendría que el Estado le diera una vuelta?
–Entiendo que el Estado en algún momento va a necesitar revisarla. Tiene que haber un control, tampoco abogo por una máxima flexibilidad. Pero años después de que la ley está en marcha es cuando se empieza a ver su efecto. Quizás sea el momento de revisar y de tratar que esa ley, manteniendo las garantías de la contratación pública, incorpore cambios que faciliten su aplicación práctica.
–Una de las medidas estrella del pasado año fue el fondo covid autonómico, dotado inicialmente con 100 millones. ¿Cuál ha sido el balance final?
–La cuantía final concedida asciende a casi 109 millones. Acabamos dedicando más recursos presupuestarios de los previstos inicialmente como fondo covid. Aunque hubo dudas de si íbamos a ser capaces de ejecutar todo, se ejecutó todo a lo largo de 2021, y más. El número de ayudas concedidas ha sido de 38.500 con el fondo covid, que tuvo dos grandes convocatorias, una en febrero y otra en la segunda mitad del año, además de convocatorias específicas para el ocio nocturno, las orquestas y otra para los autónomos y empresas que eran deudores de la administración.
–¿Y ante el reparto, incluso a mayores, de la totalidad de fondo autonómico, supone un fracaso que Asturias haya tenido de que devolver 57 de los 107 millones de las ayudas estatales a la solvencia empresarial?
–Quiero que quede claro que Asturias tramitó y ejecutó todas las ayudas vinculadas a la solvencia empresarial que se solicitaron. Estas ayudas fueron diseñadas por el Estado en un decreto ley que fijaba las condiciones. Las comunidades autónomas éramos las encargadas de gestionarlas pero apenas hemos podido hacer cambios o alguna modificación sobre las normas ya fijadas por el Estado.
–¿No hubo posibilidad de aligerar las exigencias del Estado?
–Dentro del escaso margen que tuvo esta comunidad autónoma, llegamos al límite. Por ejemplo, fuimos al máximo del importe de esas ayudas, y cuando el Estado permitió ampliar los sectores de actividad a los que podían llegar estas ayudas, aquí extendimos los potenciales beneficiarios a casi todos los sectores productivos. Ahora bien, las ayudas solicitadas no fueron muchas porque se presentaron quienes cumplían las condiciones del Estado, que eran muy estrictas. El_Principado flexibilizó al máximo y, por ejemplo, cambiamos nuestra regulación para que las altas de 2019 y 2020 pudieran acceder a estas ayudas. Siempre hicimos la interpretación más favorable, dentro de la norma. Por lo tanto, no fue un error de tramitación o de gestión por parte de la comunidad autónoma, sino que las condiciones eran cumplidas por un número reducido de solicitantes.
–Autónomos y empresas se quejan de que la ejecución de estas ayudas estatales ha sido mayor en otras comunidades.
–Las autonomías que utilizaron la totalidad del crédito asignado son aquellas en las que el sector turístico tiene un peso muy relevante dentro de su economía.
–Días atrás confirmaba ante la Junta General que ya han llegado a Asturias más de 400 millones de fondos europeos. ¿Existe el riesgo de que haya que devolver parte de ese dinero porque no se pueda ejecutar dentro de los plazos que fija Europa?
–Nuestro esfuerzo va dirigido a ejecutar hasta el último céntimo de los recursos recibidos. No tengo la bola de cristal para saber si lo conseguiremos pero estamos poniendo en marcha múltiples medidas como refuerzos de personal, aprobación del plan de medidas antifraude, actividades de formación y cursos. Estamos llevando a cabo las acciones necesarias para que no se achaque al Principado la responsabilidad de la falta de ejecución. Este es el año en que se verá la canalización de estos recursos, esa capilarización de los fondos europeos hacia la economía real. Es, de verdad, muy ilusionante contar con los fondos, ver cómo van adelante y el esfuerzo de esta administración para que todo salga bien.
–¿Es igual de optimista con que la reforma de la financiación autonómica pueda salir adelante en esta legislatura?
–Soy optimista por naturaleza.
–¿El presidente Adrián Barbón, su homólogo cántabro, Miguel Ángel Revilla, y economistas especializados ven muy difícil un acuerdo, sobre todo si el Estado no pone más dinero?
–Es complicado pero vamos a recordar dónde estamos. Durante muchos años no se había dado ningún paso para afrontar la reforma de la financiación. Y ahora se están dando pasos: se ha puesto en marcha un comité de expertos para la reforma del sistema tributario del que dentro de poco veremos sus conclusiones; se ha elaborado un informe para el cálculo de la población ajustada. Queremos seguir caminando, entre el Gobierno central y las autonomías, para lograr una reforma que cubra las necesidades de gasto de todos los territorios, porque ese será un buen modelo de financiación.
–¿Urge esta reforma al_Principado?
–Cuando el Presidente dice que Asturias no admitiría un modelo que no aportase más recursos es porque el actual sistema no cubre las necesidades de gasto. Es insuficiente y en esto hay unanimidad en todas las autonomías. La reforma es necesaria.
–El Principado ha presentado alegaciones a la primera propuesta del Ministerio de Hacienda, pero los expertos creen que Asturias incluso se vería beneficiada con los cambios en población ajustada. ¿A qué obedece esa aparente disparidad?
–El Principado no puede valorar aún la reforma del sistema porque no se ha puesto aún sobre la mesa. Solo conocemos una de las variables, el de la población ajustada, con un peso importante, para determinar el fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales. Para Asturias reformar el modelo de financiación no es solo cambiar una variable. En ningún momento he manifestado que Asturias sea contraria a ese primer documento de propuestas. Hay cosas que nos parecen apropiadas y otras con las que discrepamos y planteamos opciones, siempre con ánimo constructivo.
–¿Tiene Asturias su propio estudio sobre el coste efectivo de los servicios?
–Para poder conocer las necesidades de gasto es necesario conocer antes la cartera de servicios homogénea que permitiría hacer comparable ese gasto. El_Ministerio debe realizar esa labor. Es verdad que el Principado puede tener sus estimaciones y conocer, con nuestros datos, valoraciones acerca del gasto sanitario. Sabemos dónde es más elevado este gasto, en los grupos de edad más avanzada. Por eso entendemos que de nada sirve dividir la población hasta en 20 grupos de edad, como se hace en esta propuesta ministerial, cuando el coste y la mayor diferencia está en los grupos de edades más avanzadas.
