La diligente actuación de los guardas del medio natural del Principado destinados en el Sueve permitió interceptar este sábado actividad furtiva en el paraje protegido después de que se percatasen de la presencia de cazadores actuando con un arma con silenciador, una práctica prohibida. Tres personas fueron identificadas, una de ellas un compañero de la autoridad actuante destinado en Ponga y que, además y pese a que sigue en su puesto de guarda en activo, es reincidente en estas prácticas ilegales.
A las tres personas interceptadas en la cacería ilegal de la sierra del Sueve –el Principado informó oficialmente de cuatro, puesto que se sospecha que había un cuarto implicado, pero sin mencionar la presencia de un guarda autonómico entre ellas– se les intervino el rifle, el silenciador y un cuchillo con restos de sangre. En un primer momento no se localizó ningún trofeo, pero en un reconocimiento posterior se localizaron dos gamos silvestres sin cabeza. Las autoridades enviarán los restos a analizar para comprobar si los restos del cuchillo y los animales coinciden. Y los tres identificados –el guarda y dos personas, padre e hija, provenientes de Valladolid a los que supuestamente guiaba por el terreno para dar caza a los ungulados– fueron puestos a disposición de la Guardia Civil de Cangas de Onís. La Benémerita intentará confirmar ahora con las pruebas recabadas que cazaron de manera furtiva y con silenciador para no ser escuchados los gamos hallados muertos, poniendo en tal caso el delito en manos judiciales.
Lo más llamativo –aunque no tanto para los agentes autonómicos actuantes ni para el Seprona de la Guardia Civil– es que el guarda implicado, J. Á. C. B., cuenta con condenas, varias sanciones previas y al menos un expediente abierto sin resolución firme por infringir la Ley de Caza. También ha sido objeto de sanciones disciplinarias. Nunca se ha enfrentado a un expediente de expulsión de la guardería, según fuentes de la misma, porque resulta “muy difícil” que un funcionario pierda esa condición. “Si es objeto de una sanción de hasta tres años queda suspendido de empleo y sueldo; si la sanción se sitúa entre tres y diez años, además de empleo y sueldo pierde su destino; y solo si la sanción supera los diez años pierde su condición de funcionario”, explicó un guarda del Medio Natural.
Esta misma fuente lamentó los hechos presuntamente cometidos por el guarda de Ponga, y no solo por el daño a la biodiversidad y la infracción legal, sino por el “grave perjuicio que provoca en el colectivo de agentes de Medio Ambiente”, ya que “la inmensa mayoría de los guardas son gente honesta y competente”, como demuestra la diligencia con la que actuó el equipo destinado en el Sueve. En la actualidad hay en Asturias 89 agentes forestales y 142 de Medio Ambiente. Solo 15 tienen la condición de personal laboral, el resto son funcionarios (condición necesaria para ser considerados agentes de la autoridad). “Hay personas que llegan a pagar más de 3.000 euros por cazar furtivamente en Asturias”, resaltó otro guarda del Medio Natural, que subrayó que los presuntos delitos cometidos por algunos de sus compañeros son conocidos “perfectamente” por los dirigentes de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. “Son siempre los mismos”, añadió.
Antecedentes
El caso de J. Á. C. B. es uno “de los más sangrantes”, afirman fuentes conocedoras de lo sucedido. Lleva años acumulando incidentes, cuando no sanciones o condenas, por sus actuaciones. Y, “pese a ello”, sigue ejerciendo de guarda del medio natural del Principado. En 2005, la entonces Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras le impuso una sanción de multa de 7.512 euros y retirada de licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante el plazo de 10 años por una infracción grave por “entrar en terrenos cinegéticos de régimen especial sin estar en posesión del correspondiente permiso, portando armas, medios o artes de caza”. Según fuentes conocedoras de lo sucedido, “lo enganchó el Seprona en la reserva de Ponga, en el límite con Amieva, cazando con su propia arma”. El guarda denunciado intentó recurrir la condena llegando hasta el Supremo, aunque sin éxito. En 2008 tuvo otro procedimiento similar, al que hay que añadir expedientes sancionadores y disciplinarios de la Consejería, así como algunos procedimientos que no fructificaron.
Pese a todo ello, “alguien que está inhabilitado durante años para cazar sigue ejerciendo de guarda de caza”, lamentan voces que llevan tiempo denunciando ante las autoridades autonómicas este problema.
