Una veintena de funcionarios del sindicato Acapi-UGT se ha manifestado este mediodía ante la Junta General del Principado para exigir que se cubran las 120 plazas vacantes en la cárcel de Asturias. El brutal incidente en el que dos reclusos vascos causaron lesiones a cinco funcionarios en el patio del módulo de aislamiento ha sido la gota que ha colmado el vaso. "Habrá más agresiones si no se soluciona el problema del envejecimiento de la plantilla y la falta de personal, que es muy acuciante", advirtió Pedro Sánchez, portavoz de Acaip-UGT. De nada sirve además que vayan a llegar en breve 31 funcionarios, 25 de ellos destinados a interior, porque parte de ellos tienen cerca de 57 años y están a punto de obtener la segunda actividad, avisó Sánchez. Y es que la cárcel de Asturias "es cara" y precisa para ser trasladado a ella unos 25 años de experiencia.

Los funcionarios de prisiones de Asturias ya no saben cómo decirlo. La edad media es de 56,9 años, y 116 de los trabajadores, el treinta por ciento de la plantilla, tienen sesenta o más años. Con esas edades tienen que enfrentarse a individuos curtidos, algunos muy preparados físicamente, o reclusos con enfermedades mentales muy violentos, que deberían estar ingresados en centros especializados. El problema es general en toda España, donde hay 4000 plazas vacantes. "Tiene que haber una oferta pública de empleo que cubra esas plazas. En Asturias hay módulos cerrados no porque haya bajado la población reclusa, que es verdad, sino porque no hay funcionarios suficientes para atenderlos", añadió Sánchez. La falta de plazas es perentoria en el área sanitaria, donde están sin cubrir un cincuenta por ciento de las plazas. "Eso puede provocar problemas serios", hizo notar Sánchez.

El PP planteó este miércoles en la Junta una proposición no de ley, a propuesta de la sección sindical de Acaip-Ugt, para instar a reabrir la negociación con los funcionarios de prisiones. La propuesta salió adelante por unanimidad de todos los parlamentarios Asturianos. "La ley de Función Pública está empantanada, y buena parte del personal está sometido a una normativa preconstitucional", advirtieron.