El presidente del Principado acata, “porque es mi responsabilidad”, la sentencia en la que el Tribunal Constitucional tumba las deducciones fiscales impulsadas por el Principado en sus ayudas para paliar los efectos del covid, pero deja constancia de que “no la comparto, porque es absolutamente injusta”. Adrián Barbón lamenta en esos términos tanto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Abogacía del Estado contra las subvenciones del Gobierno regional como el resultado de este largo contencioso entre administraciones. Su argumentación abunda en que “estamos hablando de unas ayudas excepcionales en la peor pandemia en un siglo” y remarca que al regular su programa de ayudas “para aliviar el sufrimiento de quienes peor lo han pasado”. Asturias intentaba “una defensa jurídica para que esa gente no tuviera que abonar encima impuestos por ello”.

Esa es la razón por la que considera injusto que ahora “una sentencia por una denuncia de la Abogacía del Estado nos haya impedido aplicar esa bonificación”. Lo dice reseñando su escaso margen de maniobra para dar la vuelta a la situación. No hay instancia superior y esto no es, subraya, “una cuestión política, sino jurídica. La Abogacía del Estado entendía que nosotros estábamos incurriendo en una invasión de competencias, que nos extralimitábamos y que eso no era defendible jurídicamente” y el Constitucional le ha dado la razón.

El contencioso abierto entre la administración autonómica y el Estado incluye las dudas que el Ministerio de Hacienda expresó sobre la licitud de la medida, incluida en el presupuesto del Principado para 2021, a partir de la consideración de que las subvenciones se destinan al desarrollo de una actividad económica, y que las deducciones en el IRPF asociadas a ellas por el Gobierno autonómico exceden las capacidades que la Ley Tributaria atribuye a una administración regional. El Principado, por su parte, oponía que las ayudas se destinaban precisamente a quienes habían tenido que cesar en su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria e invocaba la prevalencia de la ley que regula el sistema de financiación autonómica, que según su criterio sí admite este tipo de bonificaciones.