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Sorpresa en la guardería por el archivo del caso de la muerte de la loba radiomarcada

El testimonio de un testigo sobre la supuesta confesión del agente que disparó al cánido, insuficiente para ir a juicio: hay delito penal, pero no culpable conocido, concluye el juez

El reciente archivo de la investigación por la muerte de una loba de Teverga radiomarcada ha sorprendido en el seno de la guardería del medio natural. La Fiscalía había solicitado reabrir el caso tras un primer sobreseimiento, toda vez que consideraba que había suficiente carga probatoria como para que el juzgado abriese procedimiento de investigación contra el guarda sobre el que se vertían sospechas por la muerte del cánido. Había surgido una novedad: el testimonio de otros agentes que sintieron la obligación moral de testificar ante el riesgo de que ni siquiera se indagase el asunto, que surgió originariamente de la denuncia de una organización conservacionista ante la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. Pero, posteriormente, el propio ministerio público solicitó el sobreseimiento, al considerar insuficientes los indicios para avanzar en las investigaciones de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 2020.

¿Qué novedades llegaron para que en el seno de la Fiscalía, un organismo que no abre fuego si no existen indicios para ello, cundiese en un primer momento la certeza de que lo correcto era avanzar en las pesquisas sobre la loba radiomarcada hallada muerta? Según ha podido saber este periódico, detrás de ello estaba una supuesta confesión realizada a una tercera persona por el guarda bajo sospecha, y que había llegado a los oídos de los agentes del medio natural que decidieron contarlo a la Fiscalía. Pese a la existencia de esa supuesta confesión, al final no se consideró oportuno abrir procedimiento citando como investigado al guarda señalado, que tiene en su historial anterior un incidente de caza en la provincia de León, y a los nuevos testigos.

La solicitud de sobreseimiento es del pasado mes de enero. En un escrito enviado al juzgado, el fiscal interesa el sobreseimiento provisional al considerar que no existen indicios suficientes para atribuir los hechos denunciados al investigado. Hay deliro, pero no culpable conocido.

Considera la Fiscalía que la única prueba incriminatoria respecto al investigado serían las declaraciones de los testigos de referencia a los que el guarda mayor les habría relatado una conversación telefónica en la que el investigado habría reconocido ser el autor de la muerte del lobo. Sin embargo, el interlocutor de esa conversación y único testigo directo de ella, en su declaración judicial, no manifiesta que el investigado hubiera reconocido de forma inequívoca su participación en los hechos. Por lo tanto las declaraciones de los testigos de referencia no son suficientes para enervar la presunción de inocencia.

El letrado del investigado también solicitó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. El auto del juzgado señala que de lo actuado se desprende que los hechos investigados "son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada"; por ello, y sobre la base a las alegaciones formuladas por el ministerio fiscal, considera "procedente decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones".

En la época en la que se registró la muerte a balazos de la loba estaba en ejecución el plan de control del lobo en la zona de Somiedo, pudiendo los guardas matar un número concreto de ejemplares dentro del cupo establecido para evitar la sobrepoblación y los encontronazos con la actividad humana. Las sospechas se posaron sobre el guarda señalado al no haber sido declarada la muerte del animal, cuyo collar de radiomarcaje fue además extraído. Las dudas, en este caso, versarían sobre las razones que llevarían a un agente del medio natural a no declarar la “extracción” de una loba como parte del cupo permitido por el Principado dentro de los controles que ejecutan los propios guardas.

Por otro lado irían las actuaciones que la propia Consejería pudiera adoptar contra este guarda a tenor de las novedades en el caso de la loba muerta, pese a que no hayan prosperado en sede judicial. Aún no ha habido respuesta del Principado al respecto.

Esta situación es la que escama a la mayoría de guardas del medio natural: pese a que algunos dan el paso de denunciar supuestas situaciones irregulares que implican a algún compañero, con demasiada frecuencia todo acaba en un sobreseimiento judicial, sin apenas investigación, y también sin consecuencias internas dentro de la consejería. “Por ejemplo, los guardas mayores ya no denuncian a compañeros porque solo les trae problemas y enfrentamientos, y no sirve de nada”, confirman fuentes de la guardería. Es este otro elemento a tener en cuenta a la hora de comprender que algún funcionario reincidente en episodios ilegales de caza y contra la fauna, como el identificado el pasado sábado en el Sueve, siguiese sin problemas en su puesto velando por una reserva natural asturiana.

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