Un total de 18 de los 78 concejos asturianos están obligados a someterse al nuevo Plan de Pago a Proveedores establecido por el Ministerio de Hacienda con el objetivo de liquidar las facturas pendientes de pago más antiguas, con fechas anteriores a 1 de julio de 2021. Se trata, en concreto, de los concejos de Amieva, Avilés, Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Caso, Cudillero, Peñamellera Alta, Pesoz, Ponga, Riosa, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Santo Adriano, Siero, Somiedo, Taramundi, Tineo y Valdés, según el listado facilitado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Este mecanismo no afecta a todos los concejos o entidades, sino a aquellas que han presentado un periodo medio de pago superior al límite legal de 30 días en alguna de las estadísticas de Plazos Medios de Pago que elabora el Ministerio, correspondientes a los meses de diciembre de 2020, marzo o junio de 2021. Los empresarios afectados tienen hasta el día 25 de este mes para presentar sus pasivos pendientes.
El Ejecutivo ha establecido un mecanismo que permite a miles de empresarios y autónomos conocer el estado de sus facturas pendientes de cobro en los ayuntamientos más morosos del conjunto de España. En total, la lista está formada por 1.640 corporaciones municipales de toda España y Hacienda eleva a unos 2.000 millones de euros las deudas que duermen en los cajones de concejos de todo el país.
Estos municipios afectados tienen que referir qué deudas aún mantienen activas y los municipios tendrán la oportunidad de formalizar un préstamo a 12 años promovido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para liquidar esas deudas inmediatamente después. La previsión de Hacienda es que esos préstamos se liquiden en la segunda quincena de mayo de 2022; posteriormente se realizarán los pagos a proveedores.
Esta financiación ventajosa obligará, a cambio, a que los concejos presenten un plan de ajuste antes del 22 de marzo, en el que señalarán las medidas que deberán adoptar para que no se repita la situación en un futuro, al menos durante 12 años.
Los 18 concejos asturianos afectados han tenido problemas en el pago a sus proveedores. En los casos de Avilés, los problemas afectan también a otras entidades municipales, como la Fundación San Martín, el consorcio ferial de la comarca, el Albergue de Animales, la entidad Servicios Auxiliares Avilés y las fundaciones de Cultura y de Deportes del concejo. En otro de los casos, el de Siero, se ven afectados no solo los servicios generales del Consistorio, sino también los patronatos Deportivo y Cultural.
El periodo medio en el que abonan sus facturas los municipios asturianos es muy diverso. Según los datos correspondientes a septiembre del pasado año, eran 13 los municipios que abonaban sus facturas en un periodo medio que superaba los 30 días. El récord está en Ponga, con un periodo medio de pago de 558 días, según los datos del Ministerio de Hacienda. Le siguen Salas (307,89 días), Laviana (261,05 días), Somiedo (147,68 días), Peñamellera Alta (132,20 días) y Amieva (106,10 días). Algunos de estos concejos ya han sido incluidos en el procedimiento obligatorio al arrastrar una demora en el pago, por lo que el Ministerio de Hacienda los convierte en morosos.
Con el nuevo mecanismo, estos concejos podrán incorporarse a una vía para ayudarles a abonar sus largas deudas, dentro de un plan que forma parte de la respuesta realizada por las autoridades españolas a la Comisión Europea, después de que Bruselas lanzase en junio un ultimátum. Europa advertía de que presentaría una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si España no adoptaba medidas para acabar con la morosidad pública. Por esa razón, este mecanismo se incorporó a los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Ya en los años 2012 y 2014 se activaron planes similares, siendo ministro de Hacienda el popular Cristóbal Montoro. En aquellas ocasiones se movilizaron hasta 42.000 millones para poner al día las cuentas de los concejos afectados. De ese modo se pudieron abonar más de ocho millones de facturas de casi 200.000 proveedores afectados. Las razones por las que algunos ayuntamientos demoran demasiado el pago a proveedores pueden ser diversas: en ocasiones se trata de cuestiones coyunturales, que deberán aclarar ante Hacienda para justificar que ya se encuentran al día, aunque no lo estuviesen cuando se tomaron los datos para incluirlos en la “lista de morosos”.
En otros, existen reclamaciones judiciales que demoran el abono de facturas. En cualquier caso, la situación suele ser más difícil de resolver en el caso de los municipios pequeños.
