Encierro de funcionarios de prisiones para mejorar la situación de la cárcel de Asturias
Miembros de Acaip-UGT y CSIF exigen que se cumplan los compromisos de más sueldo, más personal y el reconocimiento de agentes de autoridad

Los funcionarios encerrados. / LNE

Los representantes sindicales de ACAIP-UGT y CSIF en el centro penitenciario de Asturias, anunciaron esta mañana, tras el comité extraordinario de seguridad y salud laboral convocado para tratar las recientes agresiones ocurridas en la prisión asturiana, su intención de iniciar un encierro como protesta por la situación que se vive en las cárceles españolas y la falta de negociación con la administración penitenciaria.
Este acto se enmarca en el conflicto colectivo que estas organizaciones sindicales tienen declarado con el ministerio del interior y supone la continuación del encierro que protagonizaron el presidente de ACAIP-UGT, José Ramón López y el responsable nacional de CSIF prisiones, Jorge Vilas, el pasado día 16 de noviembre en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el que se produjo en Valencia en diciembre, que acabaron con el desalojo de los representantes sindicales.
"El deterioro de la administración penitenciaria es cada vez más evidente y consecuencia de la política que se está llevando a cabo por los máximos responsables de prisiones, que toman muchas de sus decisiones sin tener en cuenta los informes de los profesionales penitenciarios y a espaldas de los trabajadores", indican los encerrados.
"Las últimas instrucciones así lo constatan, limitando la manera de poder realizar los cacheos y requisas y estableciendo unos protocolos de seguridad que se demuestran ineficaces en el día a día de una prisión. Además, no existe una negociación real y efectiva, por lo que nos encontramos con una institución estancada y de espaldas a sus trabajadores", indican ACAIP-UGT y CSIF. Estos sindicaros exigen "que se cumpla el compromiso declarado ante los medios de comunicación, la sociedad y los trabajadores penitenciarios del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que se atienda las reivindicaciones del colectivo, con una retribución adecuada a las funciones que realizamos y la reclasificación de centros, la declaración de agentes de autoridad a los trabajadores penitenciarios, una formación universal, el encuadramiento en el grupo B de TREBEP del actual cuerpo de ayudantes, y el reconocimiento y respeto por parte de los gestores de la administración penitenciaria".
E indican que después de 4 años de movilizaciones y tres gobiernos, "Instituciones Penitenciarias debe dar un giro y adaptarse a las necesidades del siglo XXI, a los nuevos perfiles delincuenciales y afrontar unas reformas necesarias de leyes preconstitucionales que no atienden a la realidad actual". ACAIP-UGT y CSIF "continuarán con el conflicto hasta que sean acometidas estas mejoras, se retribuya de manera justa a los trabajadores y se dignifique nuestra labor por parte de nuestros gestores que con una actitud déspota menosprecian el trabajo de los trabajadores penitenciarios".
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