Toda entidad “decisora o ejecutora” de proyectos con cargo a los fondos europeos de recuperación y resiliencia “deberá disponer de un ‘Plan de medidas antifraude’ que le permita garantizar y declarar que los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses...” El mandato figura acotado y redactado en esos términos, con aires de requisito imprescindible, en una orden del Ministerio de Hacienda de los últimos días de septiembre que desde entonces ha generado en las administraciones gestoras asturianas una geografía de cumplimiento muy desigual. De momento, tienen sus estrategias aprobadas el Gobierno del Principado, la Universidad de Oviedo y casi ninguno de los grandes ayuntamientos. Hasta el final del proceso, o hasta el Pleno, ha llegado Corvera...
Los plazos legales aún ofrecen un cierto margen porque, aunque la orden ministerial exige expresamente el documento en noventa días (hábiles) desde su publicación –el 29 de septiembre de 2021–, también admite que se pueda empezar a contar, “en su caso, desde que se tenga conocimiento de la participación en la ejecución” del proyecto. A esto se acogen las corporaciones que aún no han completado el proceso, entre ellas la de Avilés, donde se interpreta que el plazo echa a andar una vez que la adjudicación es definitiva y por ahora las recibidas son provisionales. El proceso está muy avanzado en Gijón, que ha elaborado y aprobado un “plan de integridad pública” cuyos preceptos han de servir como base genérica para su plan específico antifraude. Tiene recién creada por resolución de la alcaldía la comisión que redactará la estrategia asociada a la gestión de los fondos.
También Oviedo tiene el programa en ejecución con la conciencia de poder llegar en plazo, y Siero aguarda el momento con idéntica interpretación del periodo de vencimiento que Avilés. En ejecución se encuentran igualmente los planes de Langreo y Villaviciosa, está pendiente el de Castrillón, todavía sin proyectos de fondos europeos en perspectiva, y desde Mieres esperan que la normativa aprobada en su día para optar a los fondos Edusi (Desarrollo Urbano Sostenible) de la UE, que se están ejecutando ahora, sea válida para las nuevas convocatorias, pero de no serlo “tenemos ya la experiencia y se hará de nuevo si es necesario. No se van a perder fondos por este motivo”.
La “corrección financiera”
Así se completa el panorama de los diez municipios más poblados de la región. Para los de entidad inferior, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) ha elaborado un “modelo marco” para liberar de parte de la carga de trabajo a los pequeños ayuntamientos. No tener el plan, o no haberlo tenido, no compromete de entrada la recepción de los fondos pero sí pone a la administración bajo riesgo de “corrección financiera”, el eufemismo que esconde el requerimiento de un reintegro de fondos a posteriori.
El caso es que esta exigencia, muy estricta, materializa muy seriamente la obsesión europea por el control del gasto, esta vez con singular severidad y bajo el ojo del Tribunal de Cuentas y la Sindicatura, que han incluido ya en sus planes de fiscalización para 2022 la vigilancia de los proyectos financiados con cargo al mecanismo de recuperación. En los requisitos del plan se incluye una adquisición de compromisos a gran escala y se pide el detalle de los mecanismos de prevención, detección, corrección y persecución del fraude, o el de las fórmulas de alerta que se aplicarán y las medidas correctivas ante un caso sospechoso. Invita, en definitiva, a imaginar por dónde se la pueden colar y a adelantarse al fraude previendo el mecanismo corrector que se aplicará.
Así, en los documentos ya elaborados, el Principado y la Universidad, y también el Ayuntamiento de Gijón en su “plan de integridad”, detectan áreas de riesgo, se obligan a formar a su personal en la materia y a habilitar canales anónimos de denuncia. Asumen además la obligación de uso y cumplimentación, en todos los proyectos, en todas las mesas de contratación, de una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI). El ejemplo de la institución académica traza en un cuadro sinóptico un “mapa de procesos críticos” en el que se enumeran supuestos de posible fraude, conductas concretas catalogadas en función de su impacto y probabilidad entre “alta”, “media” o “baja” y asociadas a los controles y las correcciones que se aplicarán en cada caso.
La complejidad de la tarea ha llevado al Ministerio a trazar en algunos documentos una “hoja de ruta” para el resto de las administraciones y hay pistas y fórmulas por doquier. En su “plan de integridad”, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón propone adoptar un sistema de “banderas rojas”, entendidas como “señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude”. ¿Como cuáles? Hacienda ayuda con una relación de las conductas que con más frecuencia deberían encender las luces rojas, algunas francamente ilustrativas: “El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores”, un “aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado encargado de contratación”, “extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los productos o servicios del contratista ganador…” Y así hasta todo lo que cada administración pueda imaginar.
El Principado asume que el grueso de los recursos se activará en la segunda mitad del año
El ritmo de llegada de los fondos del mecanismo europeo de recuperación lleva a la consejera de Hacienda a asumir que el grueso de los proyectos asignados al Principado “se podrá en marcha en la segunda mitad de 2022”. Ana Cárcaba aplacó en la Junta la ansiedad de Podemos respecto al calendario y el ritmo de ejecución de los proyectos y situó el valor de las convocatorias abiertas en 74,8 millones de euros. Se incluye ahí un máximo de cincuenta millones correspondiente a las asignaciones que ha recibido Asturias en las diferentes conferencias sectoriales convocadas por los ministerios –aproximadamente el doce por ciento de los 410,3 millones otorgados a Asturias– y además las partidas de dos planes ajenos a ellas, pero incorporados a efectos contables al mecanismo de recuperación. Se trata del programa “Moves II”, de incentivos a la movilidad sostenible, y del plan de rehabilitación de edificios para la eficiencia energética, el PREE.
En su réplica parlamentaria al diputado de Podemos Daniel Ripa, Cárcaba pidió comprensión a la vista de que “la mayor parte de los recursos se nos han trasladado a finales de 2021. Incluso hubo cuantías que se recibieron a principios de 2022”, resaltó con la promesa de “ser lo mas ágiles posible” y el ruego de que “tengan en cuenta de qué estamos hablando”.
Ripa había pedido cuentas al Gobierno indicando que “los precedentes” en cuanto a la gestión y el uso de fondos “nos hacen estar alerta”, una insinuación ante la que la Consejera mandó por delante los esfuerzos del Principado con la ley de simplificación administrativa, el refuerzo de las plantillas o la orientación a otras administraciones. El diputado del PP Pablo González se había preocupado específicamente por el acceso a los fondos de los pequeños ayuntamientos y Cárcaba defendió su labor de orientación, “la plataforma digital” creada “para conocer sus propuestas” o las estrategias de formación sobre la gestión de los recursos. “No hemos actuado como mero espectador”, concluyó.
