El Principado lleva a la Junta la Ley de Empleo Público

El Gobierno del Principado ha dejado listo para su ingreso en la Junta el proyecto de Ley de Empleo Público, piedra angular de la reforma de la administración autonómica planteada como gran objetivo de la legislatura. El texto llega tras vencer las reticencias iniciales manifestadas por los sindicatos y con un “respaldo mayoritario” en la Mesa general, resalta el Ejecutivo. El documento, que trata de actualizar la obsoleta norma de 1985, persigue la configuración, apuntan desde el Gobierno, "una Administración moderna, ágil y eficaz en la atención a la ciudadanía. Con esta finalidad regulará, entre otros aspectos, los mecanismos de flexibilidad y movilidad, el diseño de cuerpos y escalas, la provisión de puestos de trabajo, los deberes y derechos de los empleados públicos, un régimen de retribuciones más vinculado a los objetivos y al rendimiento, la posibilidad del teletrabajo y los mecanismos para conciliar la vida personal, laboral y familiar". Se introducen "mecanismos de flexibilidad en la gestión de los recursos humanos" para "adscribir a los empleados públicos a los puestos de trabajo con más agilidad" y se trata de avanzar "en la regulación de la movilidad por razones de servicio". En la voz del director general de Función Pública, la normativa reordena los cuerpos y escalas, mantiene la controvertida figura del subdirector general, nuevo puesto elegido por libre designación y ubicado entre el director general (cargo político) y el jefe de servicio (puesto técnico) y el complemento retributivo llamado de productividad, para lo que "se configurará un nuevo sistema para medir los resultados del trabajo que incentive el desempeño". El Principado promete que la valoración "se realizará con criterios objetivos" y que "la prestación de los servicios a la ciudadanía será el elemento esencial para determinar los resultados".