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Estos son los únicos ocho ayuntamientos asturianos que aprobaron su presupuesto de 2020 en el plazo que exige la ley

Diecisiete consistorios no rindieron cuentas, mientras que todas las parroquias rurales lo hicieron y aprobaron a tiempo sus fondos anuales

El Ayuntamiento de Langreo, iluminado.

El informe sobre sector público local en 2020, que acaba de aprobar el Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, revela múltiples irregularidades y carencias en materia de transparencia y buen gobierno por parte de buena parte de los ayuntamientos y mancomunidades de la región. Solo 8 de los 78 ayuntamientos asturianos (Aller, Caravia, Corvera de Asturias, Grado, Llanera, Peñamellera Baja, Sariego y Siero) cumplieron con la obligación legal de disponer de un presupuesto en vigor al comienzo del ejercicio (1 de enero). También cumplieron una de las 15 mancomunidades asturianas (la de Cinco Villas) y las 39 parroquias rurales.

Por contra, diecisiete consistorios (Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Caso, Castrillón, Colunga, Illano, Langreo, Las Regueras, Llanes, Nava, Piloña, Ponga, Proaza, Ribadedeva, Riosa, Somiedo y Villanueva de Oscos) ni siquiera rindieron cuentas en ese ejercicio y otros tres (Allande, Avilés y Lena) lo hicieron con retraso.

Según el documento elaborado por la Sindicatura de Cuentas, 46 ayuntamientos y 3 mancomunidades aprobaron sus presupuestos a lo largo de 2020, con un retraso medio de 141 días en el caso de los consistorios y de 249 días en el de las mancomunidades. Además, seis ayuntamientos (Amieva, Mieres, San Tirso de Abres, Santo Adriano, Teverga y Yernes y Tameza) no llegaron a aprobar su presupuesto durante el ejercicio, mientras que el de Pesoz, al igual que en el ejercicio anterior, publicó la aprobación definitiva de su presupuesto de 2020 al año siguiente, lo que incumple la Ley de Haciendas Locales sobre la vigencia del presupuesto local.

Los ayuntamientos de Candamo, Caso, Corvera de Asturias, Degaña, Gozón, Sobrescobio y Yermes y Tameza no acreditaron el cumplimiento de los requisitos previstos que exige la ley para considerar inmediatamente ejecutivos los acuerdos plenarios de modificaciones presupuestarias del ejercicio 2020, cuyas publicaciones se produjeron en el ejercicio 2021. El Ayuntamiento de Ribadesella ni siquiera contestó al requerimiento de acreditación efectuado por la Sindicatura de Cuentas.

Diez ayuntamientos no aprobaron la liquidación del presupuesto en plazo: Aller, Bimenes, Cabranes, Laviana, Lena, Noreña, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Taramundi y Salas. Tampoco lo hizo la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís.

La Sindicatura de Cuentas comunicó 356 incidencias a 36 de las 104 entidades locales fiscalizadas. No contestaron al requerimiento de subsanación o justificación de esas incidencias los ayuntamientos de Avilés, Cabranes, Coaña, Gozón, Parres y Ribadesella; la Mancomunidad Comarca de la Sidra y las parroquias rurales de Los Cabos y Zarréu.

Por lo que respecta a la obligación de remitir a la Sindicatura la información referida a contratación, de las 173 entidades que tenían la obligación de hacerlo (ayuntamientos, mancomunidades, parroquias rurales y sus organismos autónomos, consorcios, entidades mercantiles y fundaciones), solo cumplieron 125. La Sindicatura de Cuentas analizó ocho expedientes de ejecución contractual y observó incidencias en tres de ellos: dos modificaciones de contrato no se ajustaban totalmente a las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público, mientras que una prórroga se tramitó cuando había expirado el plazo inicial del contrato.

Por lo que se refiere a convenios, solo 110 de las 173 entidades obligadas a comunicar los suscritos lo hicieron. Y en las memorias justificativas de tres de los ocho expedientes de convenios enviados se incumplió la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Durante el ejercicio de 2020 solo cumplieron con la obligación de suministrar información de control interno 50 ayuntamientos y 4 mancomunidades, de los que 41 indicaron que consideran “insuficientes” los medios personales y materiales con los que está dotado su departamento de Intervención. La Sindicatura revela que a 31 de diciembre de 2020, el 62,92 por ciento de los puestos del titular de Intervención de las entidades locales fiscalizadas estaban cubiertos mediante concurso de méritos; el resto se habían ocupado mediante provisiones por libre designación, por comisión de servicios, por nombramiento de carácter accidental, por acumulación o por nombramiento de funcionarios de interinos.

Los ayuntamientos de Oviedo, Avilés, Gijón y Castrillón realizaron en 2020 auditorías públicas. Solo Oviedo la hizo con medios propios. Y 21 ayuntamientos comunicaron acuerdos plenarios contrarios a reparos formulados por la Intervención. En total, 281 acuerdos contrarios a reparos, por valor de 27,7 millones de euros, la mayoría causados por la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (167 casos). Los expedientes de contratación (69,29 por ciento) y de personal (25,19 por ciento) acumularon el mayor número de informes de reparo por parte de la Intervención.

Más irregularidades: los ayuntamientos de Illas y Sariego no resolvieron los reparos de la Intervención por el presidente de la Corporación ni por el Pleno, sino por la Junta de Gobierno Local, lo que es contrario a lo establecido en el Reglamento de control interno del sector local.

Once ayuntamientos (junto con 4 de sus organismos autónomos dependientes) y una mancomunidad tramitaron 100 expedientes por omisión de la función interventora preceptiva, por un importe de 2,79 millones. De esos 100 expedientes, 75 (por importe de1,5 millones de euros) son susceptibles de ser nulos de pleno derecho, según la Sindicatura. 

Solo dos de los 78 ayuntamientos asturianos, Oviedo y Siero, publican en sus portales de transparencia la información relativa a los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo emitidos sobre ellos. Y de los cuatro ayuntamientos de más de 50.000 habitantes (Avilés, Gijón, Oviedo y Siero), solo Avilés incumple con la obligación de publicidad activa relativa a los Planes Estratégicos de Subvenciones del ejercicio fiscalizado. 

En materia de derecho de acceso a la información pública, de las 32 resoluciones dictadas por los cuatro ayuntamientos consultados (Avilés, Gijón, Oviedo y Siero) solo 11 se tramitaron antes de un mes, como establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

A la vista de los datos recabados, la Sindicatura de Cuentas incluye dos recomendaciones en el informe. Sobre control interno, aconseja que, cuando el órgano interventor considere que no dispone de un modelo de control interno eficaz debido a que no se le han habilitado los medios adecuados y suficientes, dé cuenta de esa situación al Pleno, para que esa “debilidad” pueda ser solventada con las medidas correctivas que se consideren necesarias. Y sobre transparencia, recomienda a los ayuntamientos con personal directivo o asimilado que publiquen su currículum vitae en sus portales de transparencia o páginas web, con el fin de reforzar la transparencia en la actividad pública. 

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