En el reciente estudio sobre la percepción de los avances en la España despoblada, la respuesta mayoritaria cita las entidades bancarias en la pregunta por el servicio que más ha retrocedido en los entornos de la depresión demográfica española. Es la impresión de ocho de cada diez personas encuestadas por la entidad formativa Next Educación y su respaldo sobre el terreno es el progresivo declinar de las sucursales en el paisaje de la Asturias rural. Nueve de los 78 municipios asturianos sobrevivían sin una sola oficina de entidad de crédito al cierre del año pasado y a 24 más ya solamente les queda una, para un inquietante total de 33, el 42 por ciento.
Los datos de 2021, recién actualizados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) con base en la estadística del Banco de España, reparten la geografía de la laguna bancaria por nueve concejos espolvoreados por occidente y el oriente interior, los valles del Trubia y un par de demarcaciones del litoral con cierta proximidad a grandes núcleos de población.
Las estadísticas del Banco de España incluyen también en esta cartografía asturiana del desamparo bancario a Muros de Nalón, donde en realidad se mantienen dos oficinas abiertas –Unicaja Banco y BBVA–, y a municipios en los que las sucursales han mutado el tipo de asistencia que ofrecen a los vecinos, pasando de la oficina propia a mantener la atención, pero a través de un agente externo, un autónomo. Es lo que ha sucedido recientemente, por ejemplo, en Proaza o Quirós.
La última relación actualizada, tratada con estas salvedades, reparte los concejos sin banco a partes iguales por el occidente –Illano y Pesoz junto a Coaña– y el oriente –Caravia, Ponga y Peñamellera Alta–. El entorno de la comarca de Avilés añade a Illas y la relación se completa con el municipio menos habitado de Asturias, Yernes y Tameza, y con Santo Adriano, el tercero más despoblado y parte de un eje de concejos limítrofes –con Proaza y Quirós– en el que la prestación del servicio bancario presencial, como queda dicho, ha variado en los últimos años.
Expresado en número de personas, el resumen supera los 6.700 habitantes sin banco dentro de los límites del municipio y su problema se cierne además sobre esos otros 24 ayuntamientos que al cierre de 2021 contaban con una única oficina y que elevan significativamente el recuento de la población afectada hasta superar los 31.000 habitantes. Aquí está incluida otra parte abundante de lo más afectado por la despoblación del oriente y occidente interior, en un cordón invisible que va desde Amieva, Cabrales u Onís hasta San Tirso de Abres y los tres Oscos atravesando pequeños municipios del centro, como Morcín, Riosa, Sobrescobio… Está también Somiedo, donde la reciente rebelión contra el anuncio de cierre de la única oficina de Unicaja Banco, que habría alejado a 29 kilómetros –en Belmonte de Miranda– la entidad más próxima, se ha resuelto con la implantación en su lugar de una sucursal de la Caja Rural. Así las cosas, el total de los asturianos que tienen uno o ningún banco atendido en su municipio ya ronda los 38.000, una cifra que ronda el cuatro por ciento del millón de habitantes de la región, pero que eleva en más de 17.000 los 20.570 que vivían en las mismas circunstancias en 2007, el año en el que empieza a contar la serie estadística del Banco de España.
En ese periodo de catorce años, el recuento total de sucursales bancarias en Asturias se ha reducido casi exactamente a la mitad, de casi mil –969– en 2007 a menos de quinientas –487– en 2021. Pero el repunte de quienes sufren o están a punto de padecer la exclusión bancaria concentra el defecto en la Asturias peor comunicada telemáticamente y más envejecida demográficamente. De ahí la protesta que se oyó hace apenas diez días en la última asamblea de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), o la queja repetida en los pueblos que van perdiendo oficinas. De ahí también el movimiento reciente de reacción que se ha desatado en Somiedo.
En el cónclave de los alcaldes asturianos, el pasado día 29 de marzo en Sobrescobio, se oyó a la presidenta de la federación, Cecilia Pérez, lamentar la “lacerante” pérdida de servicios que acosa a los concejos más pequeños y afectados por la despoblación y el envejecimiento. La regidora de El Franco remarcó entonces la gravosa concentración de los cierres en “la zona rural, con una población envejecida que no puede acceder a los servicios digitales”, y el cónclave de la FACC aprobó una resolución que exige “que se aseguren los servicios bancarios de proximidad y accesibles a todos los ciudadanos, con independencia de dónde vivan”.
