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Una ovetense que se queda sin vista y necesita ayuda, una joven que sueña con trabajar... Las víctimas del atasco en la valoración de la discapacidad en Asturias

"Está claro que no contamos", señalan afectadas por los retrasos en el proceso de acreditación del grado de discapacidad, que llegan a superar los tres años

Trinidad Álvarez, con su sobrina Sara Cuesta, que necesita actualizar su valoración de la discapacidad para poder opositar.

“Llevo tres años esperando a que valoren mi discapacidad. Sufro de retinosis pigmentaria, una enfermedad incurable y que siempre avanza, reduciendo cada vez más mi campo de visión. Si me dan una ayuda podría contratar a una persona que me haga la vida más fácil. Lo solicité en noviembre de 2019, pero todavía no me han llamado para valorarme. En diciembre fui en persona al Centro de Valoración de Discapacidad de la plaza de América, en Oviedo, para preguntar qué estaba pasando y me dijeron que estaban citando a los que la habían solicitado en octubre de 2018”, relata Rosa María Fernández, funcionaria de 68 años, una de las víctimas del atasco que sufren los servicios que acreditan el grado de discapacidad en el Principado, dependientes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

El caso de Rosa María Fernández es uno más de las decenas que se eternizan, según indican las asociaciones de discapacitados, que atribuyen este colapso –como ya hizo en su día la propia consejera Melania Álvarez– a la falta de personal. “Está claro que los que sufrimos discapacidades no contamos. De acuerdo que se acumularon muchos casos con la pandemia, pero es que no convocan ni plazas de residencias ni ayudas. Está claro que los presupuestos se van a donde más luzcan”, indica Rosa María, que trabajó como administradora de red de Tráfico.

Rosa María Fernández está en la Asociación de Retina, que ofrece “píldoras de que te facilitan la vida, como el lazarillo electrónico, visitas a museos, manualidades, una psicóloga..., pero conservo aún mucha vista y se me hace cuesta arriba estar junto a ellos, me vengo abajo porque veo mi futuro”. Por eso solicita “la valoración, para poder contratar a una persona y, en un futuro, ir solicitando más seguridades de vida”. A ella, que ha sido funcionaria toda la vida, le da pena el papelón de los trabajadores del servicio: “Tienen que poner la cara sin presupuestos. Es alguien que no puede hacer nada, los presupuestos se reparten como se reparten”.

Y no es el único caso. Sara Cuesta es una joven de 26 años con discapacidad intelectual cuyo sueño es hacer oposiciones para trabajar pero no puede hacerlas porque desde hace tres años espera a que le hagan una nueva revisión de su dependencia. Huérfana, fue acogida por su tía, su tutora, Trinidad Álvarez, con la que vive en Oviedo. “Cuando me hice cargo de ella tenía una valoración hecha pero no tenía en cuenta otras afecciones. Además de discapacidad intelectual, sufre epilepsia, tiene problemas del corazón e hipoacusia. El 27 de marzo de 2019 pedí una revisión de su discapacidad, pero hasta ahora. El otro día fui al centro de valoración y me dijeron que estaban atendiendo las solicitudes de febrero de 2019, pero que en nuestro caso iban a tardar más porque era una revisión”, explica Trinidad Álvarez.

Rosa María Fernández, en su casa de Oviedo. L. M.

Sara, con la edad mental de una adolescente, está en varias asociaciones, entre ellas Plena Inclusión Asturias. “Hace un año, al cumplir los 25, dejó de cobrar la pensión de orfandad. Ella, como todo el mundo, tiene sus sueños y quiere trabajar. Pero no puede hacer las oposiciones porque no tengo forma de justificar su grado de discapacidad”, añade Álvarez.

Casilda Sabín, gerente de Plena Inclusión Asturias, enumera algunos casos más, aunque sin desvelar datos personales. “En Villaviciosa tenemos el caso de un chico con discapacidad intelectual a la espera de una valoración definitiva. Una familia en Gijón está a la espera de una nueva valoración y definitiva de su hijo, al cumplir los 18 años”, comenta. Existe otro caso un tanto sangrante, el de dos hermanos reclusos que piden una valoración de discapacidad intelectual pero no se les traslada al centro de valoración porque no aceptan que vayan esposados.

Caos en la Consejería

El gran problema, por un lado, indican desde las asociaciones de discapacidad, es la falta de personal funcionario para desarrollar este servicio de valoración. Pero el caos, añaden, afecta a otros departamentos de la Consejería.

Desde el ámbito del trabajo social también se están encontrando, sobre todo a raíz de la pandemia, con casos de grandes demoras para la valoración de la discapacidad. “El atasco viene desde la pandemia porque siempre había funcionado razonablemente bien, dentro de lo que es la administración pública. En Gijón se tardaba entre tres y seis meses para realizar la valoración. Pero ahora el centro de Gijón lleva entre año y medio y dos años de retraso. Con el agravante de que a raíz de la pandemia dejaron de hacerse valoraciones presenciales y se empezaron a hacer telemáticas. Y hay casos en los que resulta surrealista... ¿Cómo se hace una valoración de discapacidad telefónica?”, plantean desde el sector del trabajo social.

De hecho, a una joven con discapacidad intelectual tuvieron que ayudarla asistente sociales para realizar la valoración telemática “porque no tenía capacidad para realizarla a distancia”. Y eso tras una eterna espera para el trámite. “Desde que metes la solicitud y tus informes médicos hasta que te llaman para la valoración, ahí es el problema porque transcurre un gran lapso de tiempo. Una vez que te hacen la valoración, ya va más rápido”, cuentan las mismas fuentes.

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