El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, reafirmó ayer en la Junta la negativa de su Gobierno a incluir en el proyecto de ley de empleo público un cuerpo de funcionarios de educadores sociales. Ante la demanda que le llevó al parlamento el diputado de Podemos Ricardo Menéndez Salmón, y que transmitía la queja del colectivo profesional a cuenta de su “exclusión” del texto legislativo, la réplica de Cofiño aludió a la decisión que el Ejecutivo tuvo que tomar acerca de “qué profesiones realizan funciones que deben ser reservadas a funcionarios”. Entre los cuerpos “de perfil social”, expuso, optamos por crear los de trabajadores sociales y psicólogos, que tienen un carácter más transversal”.
La exclusión de los educadores no los hace, matiza, “de peor condidión”. Al razonamiento donde Salmón arguye que es ésta “una profesión titulada y regulada” opone que “eso no implica que “deban ser automáticamente funcionarios”.
