Después de un largo proceso de gestación, y de un “debate jurídico intenso en la administración”, el decreto que regula el teletrabajo en la función pública asturiana aún finalizará este viernes su trámite de audiencia pública. Después, todavía le quedará por delante “la redacción de lo que resulte de ese trámite” y su sometimiento al dictamen del Consejo Consultivo antes de llegar a la aprobación definitiva en el Consejo de Gobierno. La respuesta del vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, a una pregunta parlamentaria de la portavoz de IU, Ángela Vallina, no aporta plazos y aún fía largo el camino para la entrada en vigor de una norma que la administración acordó con los sindicatos en mayo del año pasado y que se enredó en una discusión acerca de si debía ser regulada por decreto o por acuerdo del Consejo de Gobierno. “Por seguridad jurídica”, se optó por el decreto, una fórmula que “tiene un trámite complejo”, aduce Cofiño, aunque “ya vemos la luz al final del túnel”.
