La situación de los edificios judiciales asturianos es “deficiente” y requiere de “un plan de infraestructuras que fije objetivos y prioridades, con una apuesta presupuestaria” clara, indicó este jueves el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, durante la presentación de la memoria de actividad del año pasado. Chamorro ha vuelto a reclamar una solución en Llamaquique para reubicar los cinco órganos judiciales dispersos en Oviedo y el reclamado noveno Juzgado de Primera Instancia (dada la sobrecarga de esta jurisdicción), como primer paso para una solución a medio y largo plazo. El presidente del TSJA dio solo unos ejemplos que explican la situación. “Llevamos siete meses con obras en el Juzgado de guardia de Oviedo, que ahora está en la sala de bodas, con lo que los detenidos tienen que pasar por el Registro Civil. El Juzgado de Violencia de Género de Oviedo ocupa un pasillo. Estamos en obras en Avilés. El TSJA tiene goteras y hay un problema de accesibilidad. Solo hemos podido amueblar el Juzgado de Luarca. Es lo único que tenemos”, indicó.
Este martes, la consejera de Justicia, Rita Camblor, indicó que no habría solución en esta legislatura para la dispersión judicial de Oviedo. Chamorro opinó que se trata de “una obviedad”, ya que la unificación de sedes requiere de un edificio “para una Justicia moderna y del siglo XXI”, una solución que no se puede conseguir en un año. Por mucho que las nuevas leyes de eficiencia permitan realizar gestiones y tramitaciones de forma telemática, “no va a dejar de existir la necesidad de que los justiciables y profesionales acudan a los Juzgados”, dijo Chamorro.
El magistrado trajo a colación una reunión celebrada en la primavera del año pasado, en la que se apuntó a que la mejor posibilidad sería buscar una solución en Llamaquique, “donde se podía buscar una edificio a corto plazo para reubicar las sedes dispersas de Oviedo”. El informe de infraestructuras realizado por el Colegio de Arquitectos por encargo del Principado, entregado este abril, determinó que se precisa de un edificio de 4.800 metros cuadrados solo para acoger los dos juzgados de primera instancia ubicados en la calle Rosal, el contencioso de la calle Pedro Masaveu, Menores y Vigilancia Penitenciaria, que se ubica en el último piso de Medicina Legal. Chamorro indicó que el informe también señala que se requieren obras en 13 de los 18 partidos judiciales, y que debe buscarse nueva ubicación para los Juzgados de Pravia, Cangas de Onís, Grado y Lena, sin olvidar el mal estado de Cangas del Narcea o las inundaciones en Llanes.
Deficiencias
Edificios. Trece de los 18 partidos judiciales reclaman obras, y en cinco se precisan nuevas sedes: Oviedo, Grado, Pola de Lena, Cangas de Onís y Pravia. También está en mal estado Cangas de Narcea. Los de Llanes se inundan. Hay que unificar las sedes dispersas en Oviedo y las tres de Langreo. En el TSJA hay goteras y hay que hacer obras de accesibilidad en despachos.
Interinos. Los funcionarios interinos llegan sin formación y hay grandes dificultades para cubrir las bajas de letrados de la Administración de Justicia.
Equipos psicosociales. se necesitan más y más productivos, ya que están colapsados.
Medios. Siguen los problemas de digitalización y con las videoconferencias.
Asuntos sensibles
“Los problemas de digitalización siguen existiendo, como en Vigilancia Penitenciaria, sin expediente digital. Seguimos con problemas de compatibilidad para realizar videoconferencias”, explicó. Más importancia concedió “a la preocupante situación de los equipos psicosociales: en noviembre de 2021, en la sección séptima de la Audiencia de Gijón, había 36 asuntos pendientes de informe por parte de los equipos psicosociales. Este abril bajaron a 30, pero siguen siendo demasiados. Es necesario incrementar los equipos y su productividad. Estamos hablando de asuntos altamente sensibles. Muchos órganos obvian ya esos informes para evitar retrasos de uno o dos años”. También reclamó del Principado una solución para los problemas de la bolsa de interinos. “Están llegando trabajadores que no tienen experiencia y a quienes no se les da la formación adecuada”, dijo. También hay problemas para cubrir las bajas de letrados de la Administración de Justicia, para quienes reclamó un sistema tan eficiente como el de los jueces.
En cuanto a la actividad, Chamorro indicó que “en 2021 se ha recobrado casi la normalidad en cuanto a sentencias y resoluciones”, que fueron 137.159, un 11,3 por ciento más que 2020, año en el que hubo 121.598, pero aún por debajo de 2019, con 144.450. En 2021 hubo 45.445 asunto pendientes, un 6,6 por ciento menos que en 2020, lo que le dio pie al presidente a resaltar la eficiencia de la Justicia asturiana: “Resolvemos más de lo que entra. No hay puntos negros y los asuntos se resuelven en un plazo razonable, entre seis y siete meses”, con una mayor pendencia coyuntural en los Juzgados de lo social de Avilés, o la jurisdicción contenciosa.
